En el Consejo General del Poder Judicial ya no se habla solo de rutina administrativa. Se habla de cromos. Nueve plazas del Tribunal Supremo están sobre la mesa y, según cuentan fuentes de ambos bloques a La Vanguardia, lo que se decida ahora marcará la sensibilidad del alto tribunal durante años. Hay, además, seis plazas de nueva creación pendientes de publicarse. No es un concurso de méritos en abstracto: es el reparto del tablero donde se juegan causas de aforados, revisiones de condenas y trozos enteros de la política española.
La presidenta Isabel Perelló quiere que los vocales cierren nombres en este primer trimestre. La pieza inmediata es la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo tras la jubilación de Pablo Lucas. Tres candidatos se pelean el cargo, y casi nadie finge que será un debate solo técnico: entrará en el intercambio. El cromo gordo, sin embargo, llega más tarde. En abril de 2027 se jubila Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda, la de lo Penal. Ahí se instruyen y revisan procesos que tocan a quienes tienen aforamiento y a quienes ya han pasado por otros tribunales. En un país con la política tan judicializada, esa silla no es decorativa.
Los datos duros de la propia cobertura judicial dejan poco espacio al romanticismo institucional. Por esa Sala han pasado piezas de altísimo voltaje: la inhabilitación del exfiscal general Álvaro García Ortiz, la condena a José Luis Ábalos o la prisión preventiva de Santos Cerdán. Y aún late la posibilidad de que la causa abierta en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes en Ceuta acabe saltando al Supremo. Quien controle el tempo y la sensibilidad de esa sala no “gobierna España”, pero sí condiciona el marco en el que se juzga al poder.
Conservadores con ventaja y progresistas rotos
El reparto no es simétrico. Fuentes del sector conservador reconocen que parten mejor posicionados. Si no hay acuerdo al jubilarse Martínez Arrieta, el cargo en funciones caería en Julián Sánchez Melgar —exfiscal general con Mariano Rajoy— y, más adelante, en Manuel Marchena. Los diez vocales conservadores actúan como bloque. Los progresistas, no: el Consejo se renovó en 2024 con un 10-10 y una presidenta de consenso, pero el tiempo ha dejado un tercer espacio alrededor de Carlos Hugo Preciado y de la propia Perelló. Los nombramientos del Supremo exigen tres quintos. Traducción: hace falta cruce de apoyos, y el cruce se paga con sillas.
Dentro del Consejo la tensión ya no se esconde. El sector progresista ha acusado a la presidenta de falta de autocrítica en la apertura del año judicial; ella lo vivió como deslealtad. Perelló, a su vez, criticó la ley de eficiencia impulsada por Félix Bolaños. En 2025, la pelea por las comisiones internas —sobre todo la Permanente— ya dejó dimisiones anunciadas y heridas abiertas. Ahora toca renovar de nuevo esas comisiones. Quien diga que esto es solo “gestión interna” no ha leído el mapa de poder real del órgano de gobierno de los jueces.
De la dialéctica al recurso
Mientras se negocian cromos, el conflicto con el Ejecutivo ha dejado de ser solo un intercambio de frases. La Cadena SER resume el salto de esta semana: Bolaños ha recurrido el acuerdo del Poder Judicial que dejó sin sanción al juez Juan Carlos Peinado por el polémico interrogatorio en Moncloa y avanza que forzará al Supremo a pronunciarse. En paralelo, la jueza Beatriz Biedma, que sentó en el banquillo al hermano del presidente, quiere personarse en el ‘caso Leire’. Las asociaciones judiciales leen el mismo fuego con gafas distintas: la APM niega un choque de poderes y acusa al Ejecutivo de descalificación personal; Jueces y Juezas para la Democracia pide bajar el volumen a los dos lados.
El dossier de Bolaños, detallado por El País, no es una nota de color. Entre marzo de 2025 y abril de 2026 el ministro presentó una batería de quejas disciplinarias. Tras 427 días desde la primera, el archivo no sancionó a Peinado al considerar que todo quedaba dentro de la actuación jurisdiccional. El ministro habla de “corporativismo” y de un CGPJ incapaz de reponer el prestigio del propio Poder Judicial. Anuncia que no confía en que el Consejo se corrija a sí mismo y mira a la Sala Tercera del Supremo. Peinado se jubila el 27 de septiembre. El reloj corre, y con él la sensación de que la disciplina interna llega tarde o no llega.
Desde la izquierda institucional el problema no es “atacar a los jueces”. Es más simple y más grave: si la Sala Penal es el gran botín del próximo ciclo de nombramientos y, al mismo tiempo, el sistema disciplinario se declara impotente ante conductas que dañan la apariencia de imparcialidad, la ciudadanía no ve independencia. Ve un club con llaves propias. El constitucionalismo serio no pide jueces dóciles al Gobierno; pide jueces que no se protejan entre sí cuando la forma de instruir convierte el proceso en espectáculo de poder.
Perelló tiene razón en una cosa: atribuir prevaricación a la ligera es gravísimo. Bolaños tiene razón en otra: archivar en bloque, sin investigación robusta percibida como tal, también lo es. Entre medias está el trueque de plazas del Supremo. Nueve magistrados ahora, la Sala Penal en 2027, y un país que lleva demasiado tiempo resolviendo en los estrados lo que no sabe pactar en el Congreso. Si el reparto se cierra como un mercado de cromos —Contencioso hoy, Penal mañana— no hará falta inventar ninguna teoría de la conspiración. Bastará con mirar quién se sienta dónde cuando toquen las causas que importan.