Cincuenta días después del cruce masivo, Ceuta sigue sin salida clara. Lo que sí ha cambiado es el tono de Moncloa. El Gobierno ha decidido dejar de agachar la cabeza ante Juan Jesús Vivas y pasar a la ofensiva política. No es un matiz de gabinete: es un choque frontal entre administraciones con niños en la calle de por medio.
El dardo más visible lo lanzó Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso, tras el control. Un periodista le preguntó cómo explicaba que hubiera todavía en torno a mil menores sin techo estable en la ciudad. La respuesta, inusualmente directa para el presidente: «Eso pregúntenselo a Vivas». El mensaje no era un desliz; era el anuncio de una estrategia.
Fuentes de la Moncloa lo confirman a elDiario.es con poco disimulo: hasta ahora «le guardábamos el aire» al presidente ceutí. Ante «tanta mentira y tantos ataques», aseguran, «hemos decidido defendernos». Admiten que gestionar mil menores en la calle es difícil, que no se puede devolver a nadie «sobre la marcha» y que falta espacio. Pero exigen reciprocidad: si el Estado empatiza con el colapso local —competencia de tutela de la ciudad—, Vivas debería dejar de «machacar» con lo que califican de populismo barato.
La propuesta de las 500 niñas y el silencio
El núcleo del choque no es abstracto. Desde principios de agosto, el Ministerio de Juventud e Infancia plantea el traslado temporal a la Península de 500 niñas solas en especial vulnerabilidad, con recursos del Estado y entidades especializadas. Quien tiene la tutela legal es Ceuta. Sin su «ok», el plan no arranca.
En el departamento de Sira Rego sostienen que esa vía aliviaría a la ciudad y daría atención digna mientras se tramitan reagrupaciones o plazas. En la práctica, se topan con un bucle: Vivas clama colapso y, al mismo tiempo, bloquea la fórmula que lo destensaría. La Cadena SER publicó un correo del 28 de agosto reiterando la propuesta sin respuesta. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, dijo en TVE no tener conocimiento de ese mensaje y repitió la consigna del PP: la prioridad es la repatriación.
El Gobierno lee el bloqueo como algo que trasciende a los técnicos locales y apunta a la presión de Génova en año electoral. No hay una orden pública firmada sobre la mesa; hay un patrón político. Y un dato incómodo para el relato de repatriación exprés: el propio Vivas, el 29 de julio —un día antes del cruce—, explicó en comparecencia institucional que devolver de golpe no cabe en la ley, que el menor debe querer retornar y que el asilo de adultos cambia el tablero. El vídeo sigue en las redes oficiales de la ciudad. Ahora se habla de «nuevas circunstancias» y se mira al Pacto europeo de Migración y al reglamento de retornos. Según el relato periodístico disponible, ese reglamento aún no está en vigor y las garantías individualizadas no desaparecen por magia.
Emplazamientos, boicots y la cifra de los 10.000
El otro frente es físico: dónde poner a la gente. El Gobierno dice haber habilitado 2.500 alojamientos en cinco días, con alivio visible en Loma Colmenar y El Trampolín. También ha abierto naves del Puerto —unos 16.000 m² para unas 1.700 personas— después de que, según Moncloa, un acuerdo previo se estrellara con un informe desfavorable de la autoridad portuaria y Transportes tirara por la vía unilateral. La desconfianza es tal que, en algunos realojos recientes, los equipos ministeriales habrían evitado dar detalles con demasiada antelación a las autoridades locales por temor al boicot.
Y llega la cifra que deja en evidencia a todo el mundo: el Ejecutivo actualiza a al menos 10.000 las personas migrantes que siguen en Ceuta. Muy lejos de las 2.000 de agosto o de las 5.000 que apuntó Sánchez a inicios de septiembre. Hay unas 6.000 plazas comprometidas en marcha. El presidente habla de tener la situación «arreglada» a final de año. Mientras tanto, el PP convierte la frontera en arsenal y el Gobierno, tarde, deja de hacer de saco de boxeo. Los menores no votan. Pero sí miden, con una crudeza brutal, quién prioriza el titular y quién la plaza.