Hay imágenes que deberían tumbar cualquier relato de prosperidad. En el cementerio de Sant Jordi, en Sant Josep (Eivissa), elDiario.es ha documentado lo que el marketing turístico prefiere no enseñar: pertenencias en nichos vacíos y personas durmiendo a ras de suelo entre lápidas. No es una metáfora. Es la isla del lujo cuando se le acaba el colchón.
Cáritas estima cerca de 200 personas sin hogar en Ibiza y atiende a unas 2.000 en distintos programas. El coordinador en la isla, Gustavo Gómez, lo resume sin florituras: mucha gente vive “con lo justo” y casi todo gira alrededor de la vivienda; en la “isla del lujo”, la brecha entre quien más y quien menos tiene se ensancha, y la clase media toca cada vez más dimensiones de la exclusión.
Primero furgonetas. Luego chabolas. Ahora el camposanto
La secuencia es conocida. Suben los precios y aparecen furgonetas y caravanas. Después, asentamientos e infraviviendas. Desde 2024, los desalojos se han convertido en rutina: Can Raspalls, un hotel a medio construir en Punta Xinxó, núcleos vigilados incluso con drones en Sant Antoni. El problema no se apaga. Se mueve.
Cuando el ayuntamiento de Sant Josep tuvo constancia de pernoctas en cementerios y en instalaciones deportivas, la respuesta visible fue de cerrojo: un vigilante cierra a las 21:00 y abre a las 09:00 en Sant Jordi y Sant Francesc, y se aplican controles en pistas y polideportivo. El consistorio dice que quienes lo han aceptado están siendo atendidos por Servicios Sociales “según los procedimientos establecidos”. No detalla, en la información pública citada, cuántos tienen techo estable esta noche. Cerrar el camposanto puede tranquilizar al vecindario. No construye vivienda.
Trabajar y no llegar: el dato que rompe el cuento
El INE sitúa en Baleares que el 34,2% de las personas sin hogar lo son por problemas de vivienda: desahucio (20,1%), fin de contrato (3,6%) o no poder seguir pagando (10,5%). No es solo “gente que no quiere trabajar”. Es gente a la que el mercado le ha cerrado la puerta.
El informe FOESSA añade otra capa: uno de cada cinco trabajadores del archipiélago está en riesgo de exclusión social —unos 223.000 residentes—. Empleo y precariedad habitacional ya no son opuestos. Pueden ir de la mano.
Y llega el informe Fénix, de los economistas Miquel Puig (UB) y Guillem López (UPF), presentado en Eivissa: el holgado crecimiento del PIB pitiuso no se traduce en mayor bienestar ni renta per cápita para la población. Más turistas, más actividad, más presión sobre servicios y alquileres. Menos margen para quien limpia, cocina, cuida o sostiene la temporada.
Lo que la política elude
Idealista lleva años dibujando una subida sostenida de precios en Baleares desde 2015. El debate sobre limitar la compra de no residentes choca con marcos europeos y con un parque público escaso. Mientras tanto, el plenario de Sant Josep ha avalado el desmantelamiento de decenas de infraviviendas y ha dejado claro que “no se tolerarán asentamientos ilegales”. Desalojar sin alternativa no es orden: es desplazamiento forzado de la pobreza.
La lectura de mesa es directa. Si el modelo de isla premium necesita mano de obra barata y vivienda cara a la vez, el resultado no es un “efecto colateral”: es el diseño. Dormir junto a un nicho no es un accidente del mercado. Es la factura de una economía que privatiza la plusvalía y socializa el desamparo.
Hoy el foco está en Eivissa, pero el patrón —turismo de alto valor, alquiler imposible, desalojos y parches de seguridad— se reconoce en otras costas y capitales. La diferencia es de grado. Y el grado, en Ibiza, ya roza lo obsceno.