En Cataluña se puede debatir casi todo… hasta que el debate toca inmigración y alguien en la administración decide que conviene un escarmiento con factura. Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, acaba de ganar ese pulso: la Justicia ha anulado la multa de 10.001 euros que le impuso la Generalitat.
Lo ha contado ella misma en la II Convención Municipalista de su partido y en X: ha ganado el juicio contra la Generalitat y el departamento de Igualdad y Feminismos. Su abogado, Jordi Coma, celebra el fallo. El núcleo de la sentencia, según el relato judicial recogido por ABC, es claro: no se acreditó la discriminación que alegó la administración autonómica.
De un plató en 2022 a una sanción en 2024
El origen está en unas declaraciones de 2022 en 8TV. Orriols dijo que no se podía permitir la entrada “masiva” de inmigrantes musulmanes y que el islam es “incompatible con los valores de Occidente”. Argumentó riesgos de sharía, misoginia y homofobia si esas tesis se volvieran mayoritarias. Palabras duras, de las que incomodan en el salón progresista. También de las que un representante electo suele defender como opinión política.
La Oficina de Igualdad de Trato y No-discriminación del Govern de Pere Aragonès (ERC) abrió expediente. En abril de 2024 llegó la sanción. Agotada la vía administrativa, Orriols acudió a los tribunales alegando libertad de expresión de un cargo público. Ahora la resolución estima su recurso y deja sin efecto la multa.
El precio de castigar el discurso
No hace falta compartir una coma del diagnóstico de Orriols para ver el problema institucional. Cuando un Govern convierte el desacuerdo político en expediente sancionador, el mensaje a la oposición —y a cualquiera con micrófono— es que el coste de hablar puede ser una factura de cinco cifras. Si además el tribunal dice que la discriminación no quedó probada, el Estado autonómico no solo pierde el caso: queda retratado el método.
Orriols lo resume a su manera: fracasó el intento de “coartar” su libertad de expresión con escarmientos económicos. Es el lenguaje de campaña, sí. También es el dato que importa a quien no vota a Aliança Catalana: en democracia liberal, la respuesta a una tesis polémica es el debate, la urna y, si hay delito, el Código Penal. No un atajo administrativo que luego tumba un juez.
El contexto catalán suma ruido. La Mesa del Parlament ya amonestó a Orriols y a Joan Garriga por el código de conducta. Hay línea roja entre falta parlamentaria y multa gubernamental por un discurso televisivo de hace años. Mezclarlas es tentador para quien quiere aislar a un adversario; es peligroso para quien dice defender derechos.
Queda una advertencia para todos los bandos. La libertad de expresión no es un salvoconducto para difamar ni para incitar al odio: si hay hechos delictivos, que se prueben en sede penal. Pero convertir la discrepancia migratoria en sanción económica, y perderla, deja un precedente incómodo: el atril gana al expediente. Y eso, en una democracia cansada de tutelas, no es un detalle menor.