En Badalona no se discute solo si Feijóo llena una plaza. Se discute quién paga la fiesta. Guanyem Badalona ha llevado al alcalde Xavier García Albiol ante la Oficina Antifrau de Catalunya por la Fiesta de las Migas del domingo 20 de septiembre, el acto en el que el presidente del PP aterriza junto al regidor y al líder del PPC, Alejandro Fernández.
La formación de Dolors Sabater no se anda con rodeos: acusa al gobierno municipal de confundir el Ayuntamiento con el aparato del partido y de usar la maquinaria pública para engrasar un mitin. Habla de clientelismo, de opacidad en el reparto de tickets y de un olor “insoportable” a abuso de poder. También estudia la vía de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de malversación. Importa la palabra: supuesto. Antifrau investigará; nadie ha dictado condena.
No es solo Guanyem: los Comuns también tiran de la manta
Badalona En Comú ha anunciado que trasladará a Antifrau la información que está recopilando. Su foco es concreto y muy de manual de control democrático: el uso de intranets de organismos municipales —citan BSA y otras estructuras— para difundir invitaciones a un acto del PP entre el personal público.
Aïda Llauradó lo resume sin poesía: el Ayuntamiento es de todos los badaloneses, no del PP. Quiere saber quién autorizó esas comunicaciones, qué canales se usaron, qué papel tuvieron los organismos autónomos y de dónde salieron las entradas regaladas a trabajadores municipales. También se asesora con abogados por si, más allá de Antifrau, hay recorrido penal.
La pregunta que incomoda al poder local
El acto se ha vendido como fiesta popular en el Parc del Centenari de Sistrells, con previsión de más de 6.000 personas. Da igual el pan con migas: la oposición local ha pedido por registro el expediente completo —decretos, informes, seguridad, limpieza, publicidad, medios humanos y materiales— para separar lo que es cultura de barrio de lo que es campaña disfrazada.
Sabater lo dice en una frase que se entiende en cualquier metro: si Albiol quiere pagarle el mitin a Feijóo, que lo haga con la caja del PP, no con la del Ayuntamiento. Esa es la línea roja. No se trata de prohibir que un líder nacional visite Badalona. Se trata de que los recursos públicos no se conviertan en atrezzo electoral.
Mientras Antifrau no se pronuncie, conviene no convertir la denuncia en sentencia. Pero también conviene no mirar para otro lado: cuando las intranets municipales y las invitaciones “gestionadas por el entorno” del alcalde se mezclan con el arranque de curso del PP en Catalunya, el control institucional deja de ser capricho de la oposición y pasa a ser higiene básica.
La izquierda local ha hecho lo que toca cuando huele a cortijo: documentar, registrar y pedir que un organismo independiente abra la caja. El resto —si hubo euro público, hora de funcionario o canal institucional al servicio de un partido— lo dirá la investigación. Hasta entonces, la carga de la prueba política ya ha cambiado de lado.