Adolfo Suárez Illana ha vuelto a una palabra que en la política española suena casi antigua: concordia. No la usa como adorno de sobremesa ni como nostalgia barata de la Transición, sino como reproche directo al modo en que España ha convertido la memoria en munición de partido. Su tesis, en una entrevista con Europa Press por la publicación de La concordia es posible, es clara: la Ley de Memoria Democrática va en dirección opuesta a lo que significa la concordia.
El hijo de Adolfo Suárez no niega la reparación ni pide borrar la historia. Su argumento es otro: cuando el poder político decide reinterpretar el pasado como una línea que va de la Guerra Civil a la Constitución, corre el riesgo de deslegitimar precisamente el pacto que permitió salir de la lógica de vencedores y vencidos.
Memoria no es revancha
La frase más potente de Suárez Illana no es un eslogan contra la izquierda. Es una advertencia institucional: “La concordia no exige olvidar, pero tampoco es revancha”. Ahí está el punto. Una democracia madura puede abrir fosas, reparar víctimas, estudiar la represión y reconocer daños sin convertir cada ley en una nueva batalla moral donde media España queda bajo sospecha.
Suárez Illana recuerda además que desde la Transición hubo medidas de reparación. Cita el informe de la Comisión Interministerial de 2006 y los expedientes de pensiones e indemnizaciones vinculados a la Guerra Civil y la dictadura aprobados desde 1977. Su lectura es discutible, pero no menor: rechaza que las leyes recientes puedan presentarse como si antes no se hubiera hecho nada.
El problema de legislar la historia
El choque de fondo no está en si Franco fue una dictadura o si hubo víctimas que merecen reparación. Eso no debería estar en disputa. El choque está en si corresponde a los políticos fijar un relato histórico sancionable desde el Estado. Suárez Illana sostiene que la historia pertenece a los historiadores, no a los partidos. Y ese argumento conecta con una inquietud real en la derecha: que la memoria pública se use para repartir carnés de legitimidad democrática en el presente.
Desde la izquierda se responderá que sin ley muchas víctimas quedan invisibles y que el Estado democrático tiene una deuda pendiente. Es una objeción seria. Pero el Gobierno haría mal en despreciar la otra mitad del debate: una política de memoria que no sea capaz de sumar fuera de su bloque termina pareciendo más un instrumento de combate que una reparación compartida.
La derecha también tiene deberes. Invocar la concordia no puede ser una coartada para no tocar archivos, no identificar restos o no atender a familias que llevan décadas esperando. La concordia no es silencio. Es aceptar que el país necesita verdad y reparación sin convertir la Constitución en el último capítulo de la Guerra Civil.
Si la política española quisiera salir del bucle, empezaría por una regla sencilla: menos superioridad moral y más suelo común. Porque cuando cada generación reabre el pasado solo para ganar una pelea de hoy, la democracia pierde algo más que calma: pierde la capacidad de hablarse sin trincheras.