El Congreso ha hecho algo muy sencillo de explicar y muy difícil de vender: ha dejado caer el decreto que obligaba a poner luz sobre los grupos de interés. La llamada ley de lobbies no sobrevivió a la votación y España se queda otra vez con el viejo agujero negro de siempre: reuniones, llamadas, agendas cruzadas y puertas giratorias sin una huella pública suficiente.
La foto parlamentaria es incómoda para todos, pero especialmente para quienes presumen de regeneración. Según la crónica de la votación, PP, Vox, Junts y UPN sumaron 179 votos en contra. PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu votaron a favor. PNV, Podemos y tres diputados de Sumar se abstuvieron. Resultado: el decreto cae apenas unas semanas después de entrar en vigor.
El coste no es solo moral: también son 260 millones
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, cifró en 260 millones de euros la pérdida asociada al rechazo de la norma dentro de los compromisos con los fondos europeos. No es la cifra inicial de máximo riesgo que se manejó antes de renegociar con Bruselas, pero tampoco es calderilla. Es dinero público que se evapora porque el Parlamento no ha sido capaz de aprobar un mínimo común sobre transparencia.
La norma creaba un registro estatal obligatorio, público y gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. También introducía una huella normativa para saber quién intenta influir en cada ley y prohibía a ex altos cargos ejercer influencia sobre materias de su antiguo departamento durante dos años. En menos de un mes, según las cifras recogidas por la prensa, el registro ya había recibido más de 300 solicitudes y más de 3.000 consultas.
Las pegas existían; la alternativa, no
Sería tramposo fingir que el decreto era perfecto. Junts y otros grupos criticaron que metiera en el mismo saco a lobistas profesionales, sindicatos, patronales y pequeñas organizaciones sectoriales. El PP defendió que votar no al real decreto no equivalía a votar contra regular los lobbies, sino contra la vía urgente elegida por el Gobierno.
Vale. Pero aquí llega la pregunta incómoda: si todos están tan a favor de regular, ¿por qué España vuelve a quedarse sin una regulación efectiva? El proyecto de ley ordinario enviado en enero de 2025 sigue encallado. El decreto ya no existe. Y mientras tanto, las reuniones de influencia vuelven al territorio cómodo de la opacidad.
La izquierda tiene motivos para cargar contra el bloqueo, pero también debería aprender una lección: no basta con aprobar a golpe de decreto algo sensible y esperar que el Parlamento trague. La transparencia se construye con reglas sólidas, no con atajos que permiten a cada partido buscar una excusa distinta para salirse de la foto.
La derecha, por su parte, tendrá que explicar por qué su defensa de las instituciones siempre encuentra un asterisco cuando la norma toca relaciones entre poder político, despachos privados y empresas que quieren influir en leyes. Porque la ciudadanía no necesita discursos de regeneración: necesita saber quién entra, quién sale y qué pide cuando se cocina una decisión pública.