En Bruselas ya no se sorprenden del guion. España vuelve a sacar del cajón la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE… y esta vez lo ata a algo mucho más gordo: la ampliación. El mensaje que el Gobierno prepara para el martes es de ultimátum: sería “inaceptable” aceptar nuevos socios mientras esas tres lenguas no entren en el club oficial.
El problema no es solo la ambición lingüística. Es que la mayoría de capitales consultadas por Europa Press lo han recibido con una mezcla de hastío y escepticismo. Un alto cargo de un Estado reticente lo resume sin poesía: “Es una amenaza vacía”. La ampliación, dice, ya está bastante bloqueada por otras razones. Un veto español más, en ese tablero, suena a farol.
Méritos de candidato… o peaje de investidura
Varias fuentes diplomáticas recuerdan lo obvio en cualquier manual europeo: la adhesión se mide por los méritos del país candidato. Montenegro o Albania no tienen por qué pagar el precio de un pacto interno español. “No ayudará al debate”, advierten, enmarcar la petición de lenguas en la ampliación.
Hay quien lo dice aún más claro: inmiscuir “asuntos de política doméstica” —los compromisos con Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez— no ayuda a desatascar Europa. Traducción de pasillo: lo que en Madrid se vende como dignidad plurilingüe, en otras capitales se lee como peaje de supervivencia parlamentaria.
El formato tampoco ayuda al drama. El punto va como “varios”: España puede informar, pero no garantiza un debate de ministros ni una decisión de fondo. Sirve para marcar el territorio. No para cerrar el reglamento lingüístico de la Unión.
Un año después, mismas dudas
En julio de 2025, bajo presidencia danesa, ya hubo una discusión tensa de casi una hora. Sin acuerdo. Una decena de países —con Alemania a la cabeza, e Italia y Países Bajos en el rechazo claro— pusieron sobre la mesa dudas jurídicas, financieras y operativas. Un año después, según las delegaciones, nada esencial ha cambiado.
José Manuel Albares sostiene que las reticencias que quedan son “exclusivamente políticas, partidistas” y que España asume el coste de implantar las lenguas. El Gobierno ha hecho bilaterales. Lo que no ha conseguido es convertir esa ronda en un consenso a 27, ni siquiera en un trabajo técnico visible del Consejo.
Se puede defender la cooficialidad en Europa sin convertir la ampliación en rehén. Se puede negociar financiación, plazos y alcance sin amenazar la puerta de entrada a los Balcanes. Lo que cuesta vender es el órdago: o mis lenguas, o vuestro club se queda a medias. En un momento en que la UE discute seguridad, fronteras y peso geopolítico, el órdago suena a agenda doméstica con megáfono continental.
El martes sabremos si Moncloa solo aprieta el relato o si de verdad está dispuesta a frenar adhesiones por un reglamento de traducción. De momento, en Bruselas, la amenaza no asusta: incomoda. Y eso, en diplomacia, suele ser el preludio de un portazo educado.