Hay crisis migratorias que se miden en cifras de llegadas. Y hay otras que se miden en lo que ocurre después, cuando el Estado dice que ya ha “protegido” a quien no tiene a nadie. En Ceuta, esa segunda crisis acaba de llegar a la Fiscalía de menores.
El jueves 17 de septiembre, según de denuncias policiales, informes médicos y psicológicos, el Ministerio Público abrió investigación por presuntos malos tratos, vejaciones y falta de atención en centros de acogida de niñas y adolescentes migrantes no acompañadas. No es un rumor de redes: lo han documentado El País y elDiario.es con testimonios, atestados e intervención del área de menores de la ciudad.
De la playa y el colchón al Tarajal
El contexto importa y duele. Muchas de estas menores marroquíes cruzaron a finales de julio. Pasaron más de un mes en asentamientos improvisados —El Príncipe, Sidi Embarek— sostenidos por vecinos y voluntarios. A inicios de septiembre las reubicaron en dos instalaciones contiguas del polígono de las Naves del Tarajal, gestionadas por las entidades SAMU y Engloba. La tutela, sobre el papel, es de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
El relato oficial de la reubicación suena a orden: techo, cama, expediente. El relato de las menores suena a otra cosa. Según las denuncias, a los pocos días empezaron los insultos —la palabra que se repite es “putas”—, los castigos, las amenazas de devolverlas a Marruecos y la sensación de que pedir una almohada, un móvil o un médico era meterse en un lío.
Lo que dice la denuncia (y lo que aún no es sentencia)
Conviene ser precisos: esto es una investigación, no un juicio cerrado. Los relatos de las jóvenes son testimonios incorporados a un procedimiento. Habrá que probar hechos, responsabilidades y cadenas de mando. Pero el umbral para que la Fiscalía se mueva no es anecdótico.
El País describe fugas reiteradas desde los centros hacia los mismos barrios que las acogieron en agosto. Una de las menores, Douae, de 17 años, aparece llorando en el campo de fútbol de El Príncipe; no es la primera ni la última en escapar. Médicos del Mundo atendió a Yasmine, de 16, con crisis de ansiedad, magulladuras y contusión en la espalda; los informes médico y psicológico entraron en el atestado.
Un episodio especialmente grave, según las denunciantes, ocurrió la noche del 10 de septiembre: dos hombres con uniforme de seguridad habrían entrado donde dormían, con insultos sexuales y amenazas explícitas. El área de menores, tras la denuncia, identificó y relevó a esos dos vigilantes y a una educadora señalada por golpes reiterados, y ordenó que la seguridad pase a estar a cargo de mujeres. Algunas denunciantes fueron reubicadas en otra instalación.
SAMU y Engloba, contactadas por El País, no quisieron declarar.
elDiario.es aporta capas adicionales del mismo patrón: castigos de pie durante horas, presión para callar si se acerca la Policía, limitación del móvil “para no grabar”, amenazas con la documentación y la devolución, y la frase que resume el desprecio institucional que ellas denuncian: “Os estamos haciendo un favor”. Una menor llega a decir que en los campamentos informales las trataban mejor. Cuando la “protección” pierde ante un colchón en la calle, el sistema tiene un problema de raíz.
No es solo Ceuta: es el modelo de parche
La lectura de izquierdas no puede quedarse en el escándalo local, aunque el escándalo local sea urgente. Ceuta concentra una crisis que el resto del Estado ha tratado demasiado tiempo como problema de frontera ajena. Improvisar naves, contratos de gestión y personal sin formación suficiente —como apunta Médicos del Mundo respecto al acceso limitado y a la falta de atención integral— no es “acoger”. Es aparcar vulnerabilidad bajo un techo y llamar a eso política.
La tutela de menores no es un favor. Es una obligación. Y cuando las tuteladas huyen del recurso que debía salvarlas, el fracaso no es de “las menores conflictivas”: es de quien diseñó el dispositivo, quien lo contrató, quien lo inspecciona y quien mira hacia otro lado mientras la foto de portada era el puerto y no el interior de la nave.
Qué hay que exigir ya
Tres cosas, sin épica innecesaria:
- Investigación a fondo de la Fiscalía, con declaraciones de las menores sin personal del centro delante, preservación de videovigilancia y protección real de quienes siguen dentro.
- Responsabilidad administrativa clara de la Ciudad Autónoma y del Gobierno central en el dispositivo de crisis: no vale diluir culpas entre “la empresa”, “la ciudad” y “Madrid”.
- Estándares de acogida verificables —sanidad, formación del personal, ratio, quejas independientes— en todos los recursos de emergencia, no solo cuando estalla el atestado.
Las vecinas de El Príncipe lo dijeron sin jerga: no pueden volver a montar el campamento como si la solidaridad popular fuera el plan B permanente del Estado. Tienen razón. El plan A no puede ser una nave donde, según las denuncias, se grita “puta” a una menor tutelada.
La Fiscalía ya está dentro. Ahora toca que la política deje de tratar a estas chicas como un problema de orden público con edad de menor, y empiece a tratarlas como lo que son: personas bajo protección pública. Si esa frase suena obvia, es porque el listón ha bajado demasiado.