Universidad: Sánchez pone el 50% de doctores por carrera y frena el título online barato

Hay un momento en el que el título universitario deja de ser un papel y se convierte en un producto. Pedro Sánchez lo ha dicho sin anestesia: el Gobierno prepara un nuevo real decreto para endurecer los requisitos de las universidades. No es un ajuste cosmético. Es un aviso a los centros que viven de la demanda y no siempre de la exigencia.

La idea es simple y, si se cumple, incómoda para quien factura con promesas online. Cada titulación deberá tener un 50% de docentes doctores. Hasta ahora bastaba con que esa proporción se midiera en el conjunto de la universidad. Un 40% del profesorado tendrá contrato a tiempo completo. Y habrá más presencialidad “allí donde sea necesaria”, con el foco puesto en grados sanitarios y en la tentación de vender salud por pantalla.

Sánchez lo anunció este viernes en el Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid, con la ministra Diana Morant al lado. El mensaje político es nítido: un campus no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos. Europa Press, La Vanguardia y La Voz de Galicia recogen la misma línea: el Ejecutivo quiere “reforzar la calidad” y “luchar contra la precarización” del profesorado.

Los números que esgrime Moncloa explican la prisa. En la última década, dice el presidente, la matrícula en la universidad pública creció un 3%; en la privada, un 128%. En Madrid habla de catorce privadas frente a seis públicas; el patrón, según su relato, se repite en varias comunidades: se exige más a lo público mientras se le da menos. Cuando faltan plazas, sube la nota de corte y el bolsillo empieza a pesar más que el expediente. Eso no es meritocracia. Es selección por cuenta bancaria.

ABC recuerda el contexto: este sería el tercer movimiento en menos de un año para poner coto a la proliferación de campus privados, tras el decreto de creación y reconocimiento de universidades —ahora recurrido ante el Supremo— y la norma en preparación sobre FP. El Gobierno no niega el rumbo. Habla de “calidad cuestionable” y de oferta online que crece al calor de la demanda sanitaria sin garantizar estándares.

La Conferencia de Rectores (CRUE) saluda la defensa de un sistema “de calidad” y de innovación, pero pide ver el texto completo antes de opinar con detalle. Es una precaución razonable. Un decreto de este calibre se juega en la letra pequeña: plazos de adaptación, cómo se cuenta el 50% por grado, qué pasa con titulaciones mixtas y cómo se evita que la norma acabe siendo solo un coste trasladado a las matrículas.

Desde la izquierda el marco es claro. Si la privada crece a base de infrafinanciar la pública y de relajar la presencialidad donde el cuerpo del alumno importa —una consulta, un quirófano, un laboratorio—, el Estado no “ataca la libertad educativa”: pone suelo. La libertad de abrir un centro no incluye el derecho a devaluar el título que luego pide la sociedad en hospitales, colegios o empresas.

Queda por ver si el real decreto llega con recursos para plazas públicas, o si se limita a poner barreras sin abrir puertas. La calidad no se improvisa solo con ratios de doctores. También se financia. Pero el diagnóstico de fondo aguanta: sin reglas comunes por titulación, el mercado universitario se convierte en un escaparate. Y el escaparate, cuando no hay sitio en lo público, siempre cobra.