Anboto, otra vez: la Fiscalía frena el segundo intento vasco de semilibertad

Hay reinserción y hay atajo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de recurrir, otra vez, la semilibertad que el Gobierno vasco quiere colarle a María Soledad Iparraguirre, Anboto, exjefa de ETA condenada por diez asesinatos y una lista larga de delitos terroristas. No es un matiz técnico: es el mismo artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que un juez ya tumbió en abril. Vuelven a la carga con un plan que, según el ministerio público, reproduce sustancialmente el anterior.

El 100.2 permite a un preso en segundo grado salir de lunes a viernes y volver a dormir a la cárcel. En el papel, para “tratamiento”. En el de Anboto, para voluntariado. Ocho horas al día, cinco días a la semana. La Fiscalía lo dice sin rodeos: eso se parece demasiado a un tercer grado por la puerta de atrás, sin cumplir los requisitos del régimen abierto.

Segunda vez, mismos mimbres

Hace cinco meses la historia ya se escribió. La Junta de Tratamiento propuso, el Ejecutivo de Imanol Pradales concedió y el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro revocó a instancia de la Fiscalía. Ahora, con Anboto en Zubieta (Gipuzkoa) tras el cierre de Martutene, la junta vuelve a empujar y Justicia vasca —competencias penitenciarias cedidas en 2021, departamento de María Jesús San José— vuelve a decir que sí.

El ministerio público clava el argumento clave: entre la primera y la segunda propuesta no ha habido cambio relevante en la situación penitenciaria, personal o tratamental. Si el voluntariado no tenía entonces la “singularidad” ni la “necesidad tratamental” que exige el 100.2, no la tiene ahora por repetirlo. No es progresividad; es insistencia.

El juez Castro, en abril, no negó todo lo positivo del expediente. Asumir el daño, abonar responsabilidad civil a plazos, repudiar la violencia, pedir perdón: cuenta. Pero no basta. La carta de disculpa estaba fechada el 26 de enero, justo antes del primer 100.2. Solo había disfrutado de una salida de dos días. El plan metía estudios universitarios con el curso casi acabado. Y la notoriedad de Anboto —terrorista de extrema gravedad— exige, decía el auto, una progresión real de permisos, no un salto a semilibertad de fábrica.

Diez asesinatos no son un detalle de calendario

La Fiscalía recuerda lo que a veces se diluye en la jerga penitenciaria: condena acumulada de 30 años por diez asesinatos, explosivos, atentados, estragos, incendios, armas y delitos contra la Corona, más causas pendientes de juicio. Las tres cuartas partes del máximo se acercan el 2 de abril de 2027; la extinción de la pena, según la información publicada, no llega hasta septiembre de 2034. Hay margen para hacer las cosas en orden. No hay prisa legítima para fabricar un abierto de facto.

Este no es un caso aislado en la semana: el ministerio público también se ha opuesto a la semilibertad de Henri Parot. El patrón es político antes que clínico. Cuando la administración autonómica empuja beneficios que la Audiencia Nacional ya ha frenado, el mensaje a las víctimas es demoledor: el reloj de la reinserción lo marca quien gobierna prisiones, no quien juzgó los crímenes.

Reinserción con reglas, no con truco

Nadie serio pide cadena perpetua disfrazada de eslogan. La ley española contempla grados, permisos y, llegado el caso, tercer grado y libertad condicional. Lo que no contempla es usar el 100.2 como vía indirecta para adelantar lo que aún no toca. Eso es exactamente lo que dice la Fiscalía en su recurso: el artículo no puede servir de pasarela al abierto sin requisitos.

El Gobierno vasco hablará de humanismo y de juntas técnicas unánimes. Puede hacerlo. También puede explicar por qué, tras un no judicial claro, repite la misma arquitectura de salidas diarias. La ciudadanía no necesita un manual de reglamento: necesita saber si el Estado de derecho frena a ETA en los tribunales y luego afloja el grifo en la gestión penitenciaria por cálculo político.

Hoy el freno vuelve a ser la Fiscalía. El juez tendrá que decidir otra vez. Mientras tanto, el dato político ya está sobre la mesa: con Anboto, Vitoria no ha aceptado el primer varapalo. Ha vuelto a intentarlo. Y eso, para quien entierra a diez víctimas en el historial de una sola dirigente, no es reinserción. Es un pulso.