Hay escándalos que mueren de ruido. Este no. El ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí a través de Planifica Madrid por 6,3 millones de euros sigue ahí, sigue sin comprador y, sobre todo, sigue dejando por escrito lo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasó dos meses negando en rueda de prensa.
Lo nuevo no es solo el precio ni la terraza. Es el expediente. Y es la frase de la presidenta este viernes en Alcalá de Henares, cuando le preguntaron por las dudas del caso: «A mí qué me importa, esa no es mi gestión». Traducción política: el inmueble es de todos, el lío es de nadie, y la oposición que aprieta se arriesga a una querella.
De oficinas a “alojamiento”
La compra se formalizó en abril de 2026. El piso, de unos 486 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, está enfrente de la vivienda familiar donde vive la madre de Ayuso. Cuando el 29 de julio la operación saltó a la prensa, el relato oficial fue otro: no era casa de nadie, era para oficinas y reuniones mientras hubiera obras en la sede de Sol.
Incluso se llegó a firmar un arrendamiento entre la Comunidad y Planifica Madrid —unos 3.000 euros al mes— el 28 de julio. Dos días después, con el escándalo ya en portada, la Consejería de Presidencia comunicó la “desaparición de la necesidad” y el ático se puso a la venta. El dinero, dijeron, iría a reconstruir zonas afectadas por incendios. El mensaje era claro: error corregido, página pasada.
El jueves 17 de septiembre, en la Asamblea, el consejero Miguel Ángel García Martín —máximo responsable de Planifica Madrid— cambió el marco. Por primera vez el Gobierno regional admitió un uso “institucional de carácter residencial”: zona de trabajo, área de descanso y alojamiento ocasional de autoridades en visita o de cargos de la propia administración. No era, según su versión, residencia oficial de la presidenta. Pero tampoco era el cuento de las oficinas que se había vendido todo el verano.
Papeles a toro pasado
El problema de esa nueva versión es la cronología. La memoria de necesidades de Presidencia que se esgrimió para el arrendamiento está fechada el 2 de julio de 2026, tres meses después de la compra. Hay informes de Abogacía y Patrimonio posteriores. La Interventora Delegada de Economía y Hacienda, según el expediente revelado por elDiario.es, reprochó que faltara un estudio serio de necesidad, idoneidad, aspectos económicos y comparativa con otros inmuebles… y aun así dejó seguir el gasto del alquiler.
En política eso se llama “justificar después de decidir”. En administración, huele a expediente cosido con prisa. La oposición —Más Madrid y PSOE— lo resume sin filtros: capricho, peón de brega y documentos a posteriori. Incluso Vox, que no es exactamente el fan club de la izquierda, habló de explicaciones “poco precisas y confusas”.
Querellas en vez de respuestas
García no se limitó a leer memorias. Anunció que los servicios jurídicos estudian una querella por injurias y calumnias contra Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE) por sostener que el ático era, en la práctica, para Ayuso. Pidió perdón público, dimisiones y un mea culpa. Es una estrategia clásica: convertir el control parlamentario en un problema penal de la oposición.
Ayuso, un día después, cerró el círculo con distancia quirúrgica. No quiere residencia oficial, dice. Le gusta “vivir en comunidad”. Y el expediente, en el fondo, “no es su gestión”. Planifica Madrid, mientras, mantiene el ático a la venta al precio de los pliegos tras quedar desierta la primera subasta, y achaca la falta de ofertas a la “mala publicidad”.
Lo que no se cierra
Queda lo importante: quién ordenó buscar el piso, quién validó el precio y quién firmó el “sí” político. Eso sigue sin nombre y apellidos. Mientras no aparezca, el relato de “operación técnica de patrimonio” choca con la realidad de un ático de 6,3 millones comprado en silencio, alquilado dos días, vendido al día siguiente del leak y reinventado como alojamiento institucional cuando los papeles ya no daban para más.
No hace falta inventar un delito. Basta con leer la secuencia. Primero oficinas. Luego venta solidaria. Después residencial “ocasional”. Y al final, la presidenta mirando a otro lado: a mí qué me importa. En una democracia, el patrimonio público sí importa. Y las explicaciones, también.