Alberto Núñez Feijóo eligió Melilla y el calendario no es casual. Día de la ciudad autónoma, frontera caliente y un mensaje de oposición que suena a programa de gobierno: la españolidad de Ceuta y Melilla se defiende “cueste lo que cueste”. Sin secretos con Marruecos. Sin relación subordinada a Rabat. Y con un plan que va de vallas y funcionarios a impuestos y FP.

El líder del PP, junto al presidente Juan José Imbroda, aprovechó el acto para convertir la crisis migratoria del verano —la entrada masiva de finales de julio hacia Ceuta— en un debate de soberanía, no solo de albergues. Su tesis es dura y clara: en Ceuta no ha habido solo un problema de inmigración; ha habido un problema de invasión.

Cuatro compromisos, un mismo eje

Feijóo desgranó cuatro promesas si llega a Moncloa. Primera: integridad territorial. Ni “subarrendar” la protección de la frontera a Marruecos ni bajar la cabeza ante nadie. Segunda: transparencia —todo acuerdo relevante con terceros países debe ratificarse en las Cortes—, con guiño al giro del Sáhara que el PP sigue llamando pacto en la sombra. Tercera: custodia real de la frontera, con presencia del Estado que “no puede ser residual”, plan de seguridad para las dos ciudades (el que, dice, exige la Estrategia de Seguridad Nacional desde hace años), más FCSE y Fuerzas Armadas, y reacción si la frontera es amenazada. Cuarta: explicar a Europa lo que ha pasado y reclamar corresponsabilidad.

En esa cuarta pata se agarró a la resolución del Parlamento Europeo del 17 de septiembre, que expresa apoyo a Ceuta y Melilla, condena cruces irregulares masivos e interpreta la instrumentalización migratoria como herramienta de presión. Feijóo la vendió como éxito propio y recriminó el rechazo socialista con una frase de campamento: ¿qué necesitaría Sánchez para indignarse, que Trump invadiera Ceuta y Melilla?

Retornos, recursos y el caos del puerto

Más allá del eslogan, el PP pone números de gestión sobre la mesa. Pide el retorno inmediato de quienes entraron de forma irregular a finales de julio. Denuncia falta de policías y de funcionarios para tramitar expedientes. Y este viernes usó las imágenes del traslado al puerto de Ceuta —reubicación de más de 1.700 personas desde las playas de Benítez y El Trampolín— para decir que el Estado improvisa con la gente dentro.

El Gobierno, en paralelo, cuenta otra película. La Audiencia Nacional había frenado el campamento del puerto tras una denuncia del SUP y el jueves autorizó el uso temporal tras una batería de informes de Transportes. Moncloa habla del “operativo más complejo” hecho en España, celebra la rapidez judicial cuando le conviene y culpa al contencioso y a su publicidad de un “efecto llamada” que ha tensionado la mañana del traslado. Óscar Puente y compañía sostienen que es más seguro un puerto acondicionado que chabolas en la playa. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez: que el realojo sea necesario y que la frontera siga sin política de Estado creíble.

No solo vallas: un modelo económico

Feijóo no se quedó en el discurso de seguridad. Prometió un modelo económico específico para Melilla: formación profesional y universidad en la ciudad, ley de régimen especial para Ceuta y Melilla, bajada de cuotas de la Seguridad Social y del Impuesto de Sociedades para atraer empresas, más inversión estatal y servicios públicos que funcionen. Incluso habló de seguridad en los aterrizajes del aeropuerto y de un punto fijo en el Consejo de Ministros para rendir cuentas de la ejecución del plan.

Es la parte que suele faltar cuando la derecha solo grita “invasión”: si la frontera es España, la prosperidad también. Sin empleo y sin servicios, la presión migratoria y el abandono se alimentan mutuamente.

La lectura de la derecha

El fondo del mensaje de Melilla es un rearme de la idea de Estado. Frontera que se custodia, acuerdos que se votan, Europa que se mueve y ciudades autónomas que no se tratan como molestia administrativa. El Gobierno puede discutir el tono —y lo hace—, pero no puede discutir el diagnóstico de fondo: mes y medio después del salto, Ceuta sigue en modo emergencia, con playas, monte, albergues, retornos voluntarios a cuentagotas y una pelea paralela por los menores.

Feijóo ha puesto precio político a esa lentitud: españolidad sin letra pequeña. Quien gobierne la próxima legislatura tendrá que elegir entre gestos y capacidad. En Melilla, el PP ya ha dicho de qué lado se pone.

Fuentes y contexto