Se puede prometer vivienda asequible en rueda de prensa. Se puede poner la primera piedra con foto. Lo que no se puede es entregar las llaves si el edificio no tiene luz. Y eso, en el sureste de Madrid, ya no es una anécdota de cooperativa: es un cuello de botella de país.
elEconomista describe este viernes el problema con números gruesos y un caso que duele porque es concreto. La falta de potencia eléctrica retrasa entregas, alarga la financiación de las promociones y amenaza con empujar al alza el precio de las casas que vengan detrás. En los grandes desarrollos del sureste —Los Berrocales, Los Cerros, Valdecarros, Los Ahijones— responsables del sector advierten de unas 80.000 viviendas sin suministro garantizado hoy. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha puesto sobre la mesa problemas de planificación eléctrica ligados a unas 116.000 viviendas previstas en la red de transporte hasta 2030: ojo, esa cifra es de disputa de planificación a futuro, no un inventario idéntico de pisos ya bloqueados.
Albali I: 168 familias, obra en marcha, enchufe en el aire
El escaparate del lío se llama Residencial Albali I, en Los Berrocales. Es vivienda protegida en régimen de cooperativa, gestionada por Ibosa: 168 pisos. Las obras arrancaron en mayo de 2025 y el fin de obra está previsto para marzo de 2027. La tramitación de la acometida eléctrica empezó el 9 de julio de 2025. Quince meses y tres expedientes después, sigue sin la Carta de Condiciones Técnico-Económicas (CCTE) de UFD, la distribuidora del grupo Naturgy.
Sin ese papel no arranca la parte que de verdad enciende el barrio: obras de la distribuidora, certificaciones y energización de centros de transformación. Ibosa calcula entre 12 y 14 meses para ese tramo. Traducción de la directora de promociones, Gemma Escalada: aunque mañana cayera la CCTE, la luz difícilmente llegaría antes de septiembre de 2027. O sea, seis meses después de tener las casas terminadas.
Los primeros socios metieron dinero en febrero de 2022. Hay quien sigue de alquiler. Hay quien vive con los padres a la espera de independizarse. Hay familias a las que el piso se les ha quedado pequeño mientras esperaban. Algunos ya han salido del proyecto porque no podían aguantar más. Y salir de una cooperativa no es pulsar «cancelar pedido»: hay que encontrar quien ocupe el hueco para recuperar lo aportado.
Planificación de hace 20 años, normas de 2026
Aquí aparece el detalle que debería poner colorado a cualquier planificador público. La potencia original reservada para la parcela de Albali I es de 1.214 kW. El cálculo actual para 168 viviendas, con exigencias de electrificación e infraestructura de recarga, sube a 1.606 kW. Casi 400 kW de desfase. «Esto se adjudicó hace 20 años», resume Escalada. Si la distribuidora solo reconoce la potencia del viejo proyecto de urbanización, el edificio moderno no cabe en el enchufe antiguo.
Para redondear el absurdo: la promoción gemela Albali II, presentada casi a la vez con la misma ingeniería, sí obtuvo capacidad de acceso. Misma lógica constructiva, distinto destino administrativo. Cuando dos expedientes gemelos divergen así, el ciudadano no ve «complejidad técnica». Ve una ruleta.
El coste no lo paga el PowerPoint
Cada mes de retraso mantiene viva la financiación del proyecto, alarga contratos y puede generar sobrecostes de obra y de gestión. En una cooperativa, esa factura no la absorbe un fondo opaco: la pagan los socios que ya llevan años aportando. Si no se puede escriturar, hay que prolongar el préstamo promotor. Si no hay luz, la constructora no cierra del todo instalaciones como ascensores. El resultado es el mismo: más tiempo, más dinero, menos oferta efectiva.
Y lo que hoy atrapa a 168 familias mañana se traslada al mercado. Si promover en el sureste implica incertidumbre eléctrica de meses o años, el promotor mete prima de riesgo. Esa prima no es ideología: es precio. En un país con escasez de vivienda, fabricar escasez por la puerta de la red eléctrica es una forma muy sofisticada de fracaso.
Oferta real, no eslóganes
España discute sin parar de topes, impuestos, fondos y anuncios de miles de pisos. Menos se habla de lo básico: suelo urbanizado, licencias en plazo y capacidad de red. Da igual cuántas viviendas se dibujen en el plano del sureste madrileño si la potencia no está. Un piso sin suministro no es vivienda: es un activo varado.
El caso Berrocales no prueba por sí solo un villano único. Apunta a un sistema donde la planificación energética va años por detrás de la edificación, donde los expedientes se eternizan y donde las normas de electrificación chocan con reservas de potencia de otra década. Eso es Estado que no acompaña a la oferta. Y sin oferta, el discurso de la vivienda asequible se convierte en consuelo.
La política útil aquí no es otro lema. Es alinear calendario de obra y calendario de red, transparentar cuellos de botella y dejar de vender barrios enteros como solución habitacional mientras el transformador sigue en el limbo. Porque el mercado —y las familias— ya han entendido el chiste malo: sin luz, no hay llaves.