Hay robos que duelen más que otros. Si el dinero que falta era para investigar el cáncer y el que avisa acaba en la calle, el problema ya no es solo contable: es político.

El juzgado número 12 de lo Social de Madrid acaba de declarar nulo el despido del ex director de Operaciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según el fallo al que ha tenido acceso El Mundo, no fue un cese laboral ordinario: fue una represalia por investigar y denunciar un presunto desfalco de unos 25 millones de euros durante casi dos décadas.

La pieza no cierra el sumario penal —Fiscalía Anticorrupción y la Policía siguen investigando—, pero deja una foto muy fea para el aparato del centro y, sobre todo, para el Ministerio de Ciencia de Diana Morant: el denunciante avisó dos veces, por escrito, al secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa. La respuesta, según el relato judicial que publican los medios, fue el silencio… y el despido.

Qué dice el juez (y qué no inventamos)

El magistrado no se anda con eufemismos de recursos humanos. Enlaza el cese del 31 de agosto de 2025 con la denuncia presentada el 27 de junio ante Anticorrupción: un mamotreto de 122 páginas que el propio juzgado social incorpora al expediente. Califica de «vagas e inconsistentes» las acusaciones usadas para echarle y sostiene que el CNIO era «perfectamente conocedor» de esa inconsistencia.

Hay un detalle casi de novela mala: una de las faltas que le endosaron era, según el relato de la sentencia, una irregularidad por la que meses antes le habían felicitado. Cuando el expediente se construye así, no hace falta ser sindicalista para oler el montaje.

La directora de Cumplimiento Normativo, que investigó con él, también fue despedida. La Autoridad Independiente de Protección al Informante, según la misma información, habría asumido un esquema parecido de represalia. Es decir: el canal que debería proteger a quien sopla el silbato no parece haber bastado para frenar el castigo interno.

Dos avisos a Ciencia y cero red de seguridad

El 3 de marzo de 2025 el directivo alertó a Cigudosa de que el aparato de gestión del CNIO —con el histórico gerente Juan Arroyo en el centro del relato mediático— impedía controles legales en contratos de suministros y de compras sospechosas. El 8 de agosto, 22 días antes del cese, volvió a escribir: ya había denunciado en Anticorrupción y veía venir el descabezamiento. Cigudosa aparece mencionado tres veces en la sentencia por su cargo. No contestó.

Eso no convierte al secretario de Estado ni a la ministra en autores penales del desfalco. Nadie con rigor puede decir eso sin sentencia. Pero sí deja una pregunta de gobierno de manual: ¿para qué sirve un ministerio tutelar si cuando le pasan el fuego por escrito no mueve un dedo?

El nuevo gerente nombrado por Ciencia, José Manuel Bernabé, llegó un día después del despido. Según El Mundo, se sumó a la denuncia cuando el caso saltó a la prensa y acabó dimitiendo al sentirse incapaz de combatir lo que en su entorno describió como «una verdadera mafia». Si hasta el gestor enviado desde arriba tira la toalla, el mensaje a cualquier empleado público es cristalino: denunciar sale caro.

Un agujero de 17 años en dinero contra el cáncer

La investigación interna apuntaba a una operativa larga —del orden de 17 años— con empresas pantalla controladas desde dentro del propio centro. La Intervención General del Estado ya había obligado en 2020 a cortar fraccionamientos y a asegurar el objeto de los contratos públicos. El denunciante elaboró en 2024 una guía para llevar esos controles dentro del CNIO. La respuesta de un director, reproducida en la sentencia, es de antología: pedían que cesara el «comportamiento beligerante».

Beligerante. Así se llama ahora a contar monitores en un almacén para comprobar si se pagó lo que no se entregó. La UDEF, según la información publicada, ha hallado indicios de prestaciones cobradas y no ejecutadas. Mientras tanto, el dinero que faltaba no era de un chiringuito cualquiera: salía de la lucha contra el cáncer, de presupuestos y contratos que deberían estar blindados.

Por qué esto es de izquierdas de verdad (no de postureo)

Hay quien cree que denunciar corrupción en un organismo científico es «regalarle el relato a la derecha». Al revés. La izquierda que defiende lo público no puede mirar para otro lado cuando el botín se cocina dentro de un centro de referencia. El Estado del bienestar no son eslóganes: son laboratorios que funcionan, contratos limpios y gente a la que no echan por hacer su trabajo.

Protección al informante, control de la contratación, independencia de la investigación y rendición de cuentas del ministerio: eso es agenda social, no trinchera. Si el patronato y Ciencia recibieron señales y el aparato interno respondió con expedientes, el debate no es si el CNIO «tiene enemigos», sino si el Gobierno sabe defender el dinero de todos cuando el enemigo está en la sala de reuniones.

Queda lo principal: la causa penal. Mientras Anticorrupción no cierre hechos y responsabilidades, toca no convertir hipótesis en condenas. Pero el despido nulo ya es un hecho judicial laboral. Y el reloj político corre: o Ciencia explica con papeles qué hizo tras los avisos de marzo y agosto de 2025, o el mensaje será que en España denunciar un agujero de 25 millones te deja sin nómina… y al ministerio, sin prisa.

Fuentes y contexto