Sumar ha puesto cifra y umbral a una pelea que llevaba meses en el aire: quiere un 3% sobre la parte del patrimonio neto que supere los 50 millones de euros y destinar ese dinero, de forma finalista, a un Fondo de Protección a la Infancia. No es un eslogan de mitin. Es una proposición de ley registrada en el Congreso y, de paso, una carta de presentación en la negociación de los Presupuestos con el PSOE.
La cuenta que pone sobre la mesa el grupo es gruesa y fácil de entender. Según el portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, Carlos Martín, el diseño alcanzaría a unos 1.500 altos contribuyentes y podría recaudar alrededor de 4.200 millones de euros al año. Los primeros 50 millones quedarían fuera —ahí ya opera, con matices, el impuesto de patrimonio— y el 3% solo mordería el exceso. La idea es clara: no repartir el coste entre la clase media, sino ir a la cúspide donde las exenciones de empresa familiar y el límite conjunto con el IRPF aplanan la progresividad.
El truco técnico también importa. Sumar no lo plantea como un impuesto clásico al uso, sino como una prestación patrimonial pública de carácter no tributario, estatal, personal, periódica y finalista. En cristiano: el dinero no se diluye en la caja general para luego pelearse por partidas. Va a un fondo pensado para financiar una prestación universal por crianza, una de las banderas del espacio para recortar la pobreza infantil. El Mundo adelantó que la medida se sincroniza con esa ayuda “para todas las familias españolas, al margen de su renta”, y que el fondo también se nutriría de aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
Hay contexto político, y no es menor. La negociación presupuestaria con Hacienda arrancó formalmente con una reunión entre el ministro Arcadi España y Ernest Urtasun. Estamos en precampaña de generales, Junts sigue lejos del Ejecutivo y los plazos de una ley nueva no sobran. El propio El País advierte de que la aritmética y el calendario dificultan que la figura vea la luz antes de las elecciones. Eso no anula el mensaje: Sumar marca territorio fiscal y pone al PSOE ante el espejo de si la infancia se financia con voluntad o con tramos de riqueza.
Desde la izquierda del Gobierno, el argumento es casi de sentido común barato de explicar en el metro. España arrastra una pobreza infantil alta para su nivel de renta. Si el sistema fiscal pierde fuerza exactamente donde se acumula más patrimonio, alguien está pagando la diferencia: o las familias con menos margen, o unos servicios públicos que nunca llegan del todo. Gravámenes ya existentes —patrimonio y el impuesto de solidaridad de grandes fortunas— conviven en el relato de Sumar, pero el socio minoritario dice que no bastan en la cumbre.
Claro que hay riesgos y letras pequeñas. Habrá quien diga que 4.200 millones son una estimación optimista, que el diseño “no tributario” busca blindarse frente a bonificaciones autonómicas, o que una prestación universal por hijo choca con la caja y con socios que no van a firmar un cheque en blanco. Todo eso es debate legítimo. Lo que no cuela es fingir que no hay propuesta encima de la mesa: hay umbral, tipo, colectivo estimado, destino del dinero y registro parlamentario.
La lectura de mesa es directa. Si el país habla sin parar de natalidad, conciliación y “escudo social”, pero tiembla cuando toca mirar patrimonios de más de 50 millones, entonces el problema no es técnico: es de prioridades. Sumar ha elegido bando. Ahora el Congreso dirá si la crianza se paga con discursos o con un tramo de riqueza que, de verdad, casi nadie toca.