En Extremadura, el caso del contrato de David Sánchez en la Diputación de Badajoz no se ha ido a la hemeroteca: este jueves se ha comido dos sillones más. El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha confirmado que Ricardo Cabezas —diputado provincial de Cultura y concejal en Badajoz— y Francisco Martos —alcalde de Castuera y exdiputado provincial— presentarán su renuncia “en horas”.
No es un fogonazo aislado. Según el relato coincidente de El Mundo, ABC y Canal Extremadura, ambos estaban entre los 11 condenados por prevaricación administrativa en la trama de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. Les cayeron nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Eran, además, los dos últimos de esa lista que todavía mantenían cargos públicos visibles.
El detonante de hoy es un auto aclaratorio de la Audiencia Provincial. Las defensas pedían luz sobre el alcance de la inhabilitación y la Sala, según detalla ABC, ha zanjado la duda de forma incómoda para quien esperaba seguir en el escaño o la alcaldía como si nada: las penas comportan la privación de los empleos o cargos electivos o discrecionales que ostentaban cuando ocurrieron los hechos, y la incapacidad de obtener otros del mismo tipo en cualquier administración durante el tiempo de condena. No es una nota de color: es el manual de lo que una condena de inhabilitación debería significar si las palabras judiciales valen algo.
Cotrina ha intentado enmarcar la salida como coherencia anunciada. Dice que ambos ya habían adelantado que actuarían “en función” del auto, que ha hablado con ellos y que dimitirán como prometieron. También ha subrayado que, tras dejar el cargo, deben seguir ejerciendo su derecho de defensa y que el partido “cree en la justicia”. Es el guion clásico: dimisión técnica + recurso + esperanza de que “en instancias superiores” se diluya el golpe. The Objective recoge incluso su confianza en que arriba “quedará en nada”.
Desde la derecha institucional y mediática, el cuadro se lee de otra manera. Primero se fabricó un alto cargo a medida para el hermano del presidente. Después llegaron las condenas. Luego la cascada de salidas —incluido el propio relevo de Miguel Ángel Gallardo al frente de los socialistas extremeños, condenado a 18 meses de inhabilitación—. Y ahora, cuando la Audiencia aclara que inhabilitar no es un adorno retórico, caen los dos que aún agarraban el cargo. Si hace falta un auto para que alguien suelte el sillón, el problema no es solo jurídico: es de cultura política.
Cabezas no es un figurante. Fue candidato a la alcaldía de Badajoz y líder provincial; su permanencia en Diputación y Ayuntamiento después de la condena de julio había convertido el caso en una anomalía permanente. Martos, al frente de Castuera, completaba el mismo dilema: gobernar o administrar con una inhabilitación encima y esperar a que el papel oficial diga en voz alta lo que la sentencia ya apuntaba.
Quedan flecos que el electorado no debería olvidar. La sentencia no es el final del camino procesal y cabe recurso; eso es factual. También lo es que la Diputación de Badajoz ha sido escenario de otra pelea paralela sobre sueldos y responsabilidades patrimoniales ligadas al entorno del caso. Ninguna de esas discusiones borra el hecho central de la jornada: el PSOE extremeño pierde dos cargos públicos porque una resolución judicial ha dejado de prestarles ambigüedad.
La lección, sin adornos, es de higiene democrática. Cuando un partido necesita que un tribunal le traduzca “inhabilitación” para soltar a los suyos, está confesando que el coste político llega tarde y a remolque. El ‘hermanísimo’ no es solo el nombre de un sumario: es el recordatorio de que el amiguismo institucional acaba pasando factura, aunque sea a plazos y con dimisión incluida.