En política hay móviles que son solo un teléfono. Y hay móviles que el juez mira como si fueran una caja fuerte con rastro. El de Juan Manuel Serrano —exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, expresidente de Correos y hoy consejero de la SEPI— acaba de entrar, otra vez, en la segunda categoría.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha frenado la devolución del iPhone requisado por la UCO. Lo hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió el paso atrás del propio instructor. El auto, fechado el 16 de septiembre, no es poesía procesal: el dispositivo, dice Pedraz, podría constituir un «vestigio o prueba material» de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias en el seno de una organización criminal.

La cronología importa porque desmonta la idea de un capricho de última hora. La Guardia Civil intervino el iPhone 15 Pro Max el 27 de mayo, en el marco de la investigación de las llamadas cloacas y del presunto boicot de causas judiciales con hilo socialista. El 10 de julio, Serrano pasó a investigado y el juez autorizó clonado, volcado y análisis. El 7 de septiembre, Pedraz llegó a aceptar devolver el aparato una vez incorporada la información a la causa. Anticorrupción dijo no. Pedraz, ahora, corrige el rumbo.

El argumento del auto es el que suele molestar a las defensas y tranquilizar a quien espera instrucción de verdad: en una causa de corrupción, un teléfono no es un objeto neutro solo porque ya se haya hecho un primer volcado. Puede hacer falta cotejar, verificar integridad, reabrir pericias o contrastar datos nuevos que vayan saliendo de la UCO. El juez añade, con una frialdad casi administrativa, que el perjuicio para Serrano por no recuperar el móvil es «mínimo» frente al interés de la investigación.

Traducción para quien no vive en los pasillos de la Audiencia: el círculo íntimo del poder ya no discute solo titulares. Discute custodia de prueba. Y cuando Anticorrupción y el instructor coinciden en que el aparato sigue siendo fuente original de información, el mensaje institucional es tosco: la comodidad del investigado no manda sobre el rastro digital.

La causa no es un expediente vacío. Según la información publicada, en el procedimiento figuran nombres de peso del ecosistema socialista y de su periferia —entre otros, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, Leire Díez o la directora de la Guardia Civil Mercedes González—. Eso no equivale a condena de nadie. Equivale a que el sumario no se sostiene sobre un rumor de tertulia.

Desde un marco liberal-conservador, el episodio tiene lectura política inevitable. Durante años se vendió la idea de que las investigaciones incómodas eran “lawfare” o ruido mediático. Mientras tanto, la UCO requisaba teléfonos, los jueces abrían piezas y las fiscalías especializadas pedían diligencias. Hoy el auto de Pedraz no prueba el fondo delictivo. Sí prueba otra cosa: que el instructor ve conexión objetiva entre el móvil de Serrano y los hechos investigados, y que no está dispuesto a devolver la posible prueba para contentar el trámite.

Hay que ser precisos para no hacer el ridículo ni el canalla. Nadie ha sido condenado por este auto. No conocemos —ni debemos inventar— el contenido concreto de los chats. Serrano niega el relato acusatorio y su defensa pelea el alcance de los volcados. Todo eso es legítimo. Lo que ya no es sostenible es fingir que el teléfono de un exjefe de gabinete del presidente es un accesorio banal cuando el juez lo describe como posible rastro de tráfico de influencias.

El Estado de derecho se mide en estos momentos grises: cuando el investigado tiene cargo, agenda y abogados caros, y el juez decide igual. Pedraz, con el empujón de Anticorrupción, ha elegido retener la prueba. Si mañana el análisis no sostiene sospecha, se verá. Si la sostiene, el daño no será haber custodiado un iPhone unas semanas más. El daño habrá sido otro: haber confiado en que el poder cercano al Gobierno podía tratar la instrucción como un mal trago de gabinete.

Fuentes y contexto