Hay fichas. Hay fotos. Hay casillas de “quién es de los nuestros” y “quién molesta”. Y ahora hay una jueza de Madrid preguntando a la Fiscalía si eso merece investigación penal. No es un tuit de bar. Es el Ministerio del Interior clasificando a la gente que cuenta lo que pasa en este país.
La titular del Juzgado de Instrucción número 16, Margarita Valcarce, ha abierto diligencias previas y ha dado traslado a la Fiscalía de la denuncia presentada por Iustitia Europa. El paso es técnico y todavía estrecho: no equivale a admitir de plano una causa ni a señalar imputados. La Fiscalía informa; después decide la magistrada si archiva o sigue. Pero el simple hecho de que el dosier entre en sede judicial cambia el marco. Ya no es solo una polémica de redactores ofendidos. Es un posible problema de Estado de derecho.
El documento, titulado «Tertulianos. Radio y Televisión», suma 281 fichas de 280 personas en 54 páginas. Periodistas, tertulianos, políticos y expertos. Junto al currículum y al programa de radio o tele, en numerosas entradas aparecen valoraciones sobre la supuesta ideología y el grado de cercanía o crítica al PSOE, al Gobierno o a políticas concretas. Eso no es un listín telefónico. Es un mapa de afinidades elaborado desde el poder que controla la Policía.
Cuando El Confidencial destapó el informe, Fernando Grande-Marlaska lo presentó como un papel interno de trabajo de 2024, “sin finalidad espuria”. El Ministerio pidió disculpas a quienes se sintieran ofendidos y sostiene que el fichero era “consultivo” y que no sirvió para discriminar a nadie. La frase es la clásica del armario que se abre: si no servía para nada, ¿para qué guardarlo con foto y etiqueta política?
La Agencia Española de Protección de Datos ya había abierto de oficio una investigación sobre la naturaleza, el alcance, el uso y la base jurídica de ese tratamiento. La AEPD subraya que el inicio de actuaciones no prejuzga infracción. Bien. Pero los datos especialmente sensibles —ideología, opiniones políticas— no se recolectan “por si acaso” en una democracia adulta. Se recolectan cuando alguien cree que le conviene saber de qué pie cojea la prensa.
Iustitia Europa, formación presidida por Luis María Pardo, presentó la denuncia el 9 de septiembre contra quienes resulten responsables de elaborar, tratar, almacenar, conservar y, en su caso, utilizar el dosier dentro de Interior y de su Oficina de Comunicación. Da igual que el denunciante no sea santo de la devoción de la izquierda: el objeto es el fichero, no la biografía de quien lo lleva al juzgado. Si el Estado ficha a la prensa por color político, el problema es del Estado.
Desde la mesa de izquierdas la lectura es clara. Un gobierno que presume de regeneración no puede normalizar el hábito de cartografiar a periodistas como si fueran piezas de un tablero. Aunque mañana la Fiscalía diga que no ve delito tipificado, el daño institucional ya está encima de la mesa: la sospecha de que Interior miraba a la opinión pública con lupa partidista. En una democracia, la prensa vigila al poder. Cuando el poder empieza a fichar a la prensa, el reloj suena al revés.
Lo que no cabe es convertir la hipótesis en sentencia. A día de hoy no hay condena, no hay auto de procesamiento conocido y el Ministerio niega usos discriminatorios. Hay, eso sí, un dosier real, una disculpa oficial, una investigación de la AEPD y el primer movimiento judicial serio. Suficiente para exigir transparencia completa: quién lo encargó, con qué criterio se etiquetó a cada nombre, quién tuvo acceso y si alguna decisión de comunicación pública se cruzó con esas casillas.
Si la respuesta es el silencio o el “era solo un Excel interno”, la ciudadanía sabrá qué creer. Los Excel internos de Interior suelen acabar, tarde o temprano, en portadas. Esta vez la portada la escribe un juzgado.