AIReF avisa: el colchón fiscal se ha comido y otro plan antiinflación puede romper con Bruselas

La fiesta del gasto tiene factura. Y este jueves la ha puesto sobre la mesa, sin teatro, la presidenta de la AIReF. Inés Olóndriz no ha venido a hacer oposición: ha venido a decir que el margen se ha evaporado y que otro cheque antiinflación puede empujar a España fuera de la senda pactada con Bruselas.

En el Fórum Europa, el organismo ha elevado del 2,6% al 2,7% del PIB su previsión de déficit público para 2026. Una décima parece poca cosa hasta que se traduce en miles de millones y en la frase que resume el diagnóstico: «Ya estamos en el límite del margen fiscal». El déficit sigue, de momento, por debajo del 3%. El colchón para sorpresas, no.

¿Por qué sube la estimación? Por lo de siempre cuando se gobierna a golpe de medida: nuevas decisiones de gasto, el restablecimiento de la bonificación al diésel en septiembre y una revisión al alza del gasto de las comunidades autónomas según van llegando datos de ejecución. El gasto primario neto de medidas de ingresos en 2026 pasa de un 6,4% previsto en julio a un 6,6%. En el acumulado 2024-2026, ese gasto crecería un 16,8% frente al compromiso del 13% del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo. No es un redondeo: es salirse del guion que España vendió en Europa.

Olóndriz ha dejado otra advertencia igual de clara. Es «muy probable» que hagan falta nuevas medidas contra la inflación. Y si llegan sin compensar con menos gasto o más ingresos, el riesgo de incumplir la regla de gasto se adelanta a 2026. Antes el foco de incumplimiento se proyectaba más hacia 2027 y 2028. Ahora el reloj pega más cerca.

ABC detalla el tamaño del colchón que se ha ido comiendo el Gobierno: unas seis décimas del PIB —en torno a 10.000 millones— pactadas con Bruselas para imprevistos entre 2024 y 2029. A mediados de 2026 ese margen está prácticamente agotado, en parte por el coste de las respuestas energéticas ligadas a la guerra de Irán. La cláusula nacional de escape da cierto aire para defensa y energía, pero la propia AIReF habla de margen «prácticamente nulo». El 30 de septiembre vencen medidas vigentes; desactivarlas sin red puede devolver la inflación a cotas muy altas, y reactivarlas sin recorte es jugar a la ruleta con las reglas europeas.

La deuda pública seguirá en el entorno del 100% del PIB al cierre del ejercicio, con una senda solo ligeramente descendente. Eso no es una estadística para economistas: es hipoteca. Cuanto más alta la deuda, más duele cada subida de tipos y más cara sale la factura de intereses. Un país que gasta por encima de lo comprometido y pide comprensión a Bruselas mientras aplaza los Presupuestos no está haciendo magia. Está empujando el problema a los próximos gobiernos y a los contribuyentes.

Por eso Olóndriz ha reivindicado unos Presupuestos Generales del Estado para 2027 presentados en tiempo y forma —serían los primeros desde 2023— y ha pedido empezar ya el próximo plan fiscal estructural de medio plazo, que España debe tener como tarde en abril de 2028. Presupuestos no son un capricho de la oposición. Son el manual de instrucciones del dinero público: qué se prioriza, cómo se paga y si cuadra con lo firmado. Gobernar años enteros con cuentas prorrogadas puede ser hábil en el Congreso. En contabilidad, es opacidad con corbata.

Desde esta mesa la conclusión es prosaica y poco glamurosa: el Estado no puede improvisar packs de alivio cada vez que el diésel pega un brinco si antes no dice qué se recorta o qué se recauda. El gasto permanente exige financiación permanente. Si no, el “escudo social” se convierte en deuda social. La AIReF no pide crueldad; pide aritmética. Y la aritmética, cuando se ignora, acaba llegando en forma de ajuste más duro, más tarde y con menos margen de maniobra.

Advertencia no es condena: España aún no ha consumado el incumplimiento de 2026. Pero el supervisor fiscal acaba de dibujar la línea roja con rotulador grueso. Quien la cruce sabrá que no fue por sorpresa.