Foro Judicial Independiente ha decidido escribir a los políticos que descalifican a los jueces. Y el mensaje, resumido sin incienso jurídico, es bastante simple: si una resolución no gusta, se recurre; si se convierte al juez en enemigo público, se erosiona el Estado de Derecho.
La carta llega en un clima donde cada auto incómodo se lee como una maniobra y cada sentencia desfavorable se traduce en tertulia como conspiración. FJI habla de una “grave erosión” y recuerda que la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ya había alertado del problema. También cita advertencias europeas sobre la confianza en la Justicia.
La asociación no pide que las resoluciones judiciales sean intocables. Al contrario: admite que toda decisión puede criticarse. La diferencia está en el método. Criticar los argumentos de una sentencia es democracia adulta. Llamar “extravagante” o “barbaridad” a un juez porque no resuelve como uno quiere es otra cosa: es intentar ganar fuera del expediente lo que se ha perdido dentro.
Desde una lectura liberal-conservadora, el aviso merece atención porque toca una fibra básica: el poder político siempre tiene incentivos para domesticar al árbitro. A veces lo hace cambiando leyes; a veces, colonizando nombramientos; y a veces, algo más barato, señalando jueces por televisión hasta que el ciudadano asume que todo tribunal es una prolongación de un partido.
FJI aprovecha la carta para volver a tres reclamaciones conocidas: que se deje de clasificar a los jueces como “progresistas” o “conservadores”, que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces mediante un sistema proporcional y que los altos cargos judiciales se designen por mérito y capacidad, no por reparto de cromos.
Puede discutirse si esa receta soluciona todos los problemas. Lo que cuesta discutir es el diagnóstico: España lleva demasiados años tratando el Poder Judicial como si fuera un tablero más de la pelea partidista. Y cuando todos los partidos prometen independencia mientras calculan cuotas, el ciudadano escucha la palabra “imparcialidad” y piensa en una broma privada.
El Gobierno y la oposición tienen derecho a discrepar de los tribunales. Faltaría más. Pero si cada decisión adversa se presenta como prueba de una conspiración, el daño no se queda en el juez de turno. Lo paga quien entra en un juzgado pensando que el resultado dependerá menos de la ley que del color político del magistrado.
También hay una advertencia para la derecha: defender la independencia judicial no puede ser una bandera de temporada, útil cuando gobierna el adversario y molesta cuando los tribunales investigan a los propios. Si se quiere un árbitro fuerte, hay que aceptarlo siempre, no solo cuando pita a favor. La credibilidad empieza por no pedir jueces libres con una mano y cuotas cómodas con la otra.
La independencia judicial no es un capricho corporativo. Es la última barrera cuando el poder se equivoca, abusa o se pasa de listo. Por eso conviene tomarse en serio esta carta: no porque todos los jueces tengan siempre razón, sino porque ningún Gobierno debería acostumbrarse a convertir al juez incómodo en sospechoso profesional.