El PP no se conforma con la silla vacía de agosto. Este sábado ha anunciado que vuelve a citar en el Senado a Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores) para que expliquen la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Misma exigencia, otro intento: que comparezcan en las comisiones de la Cámara Alta.
La portavoz popular Alicia García lo ha dejado por escrito: los ministros deben “salir de su desacato parlamentario” y “cumplir la ley”. En agosto fueron citados y no acudieron. El PP lo califica de hecho “inédito” en democracia y ya elevó el choque al Tribunal Supremo y al Constitucional. La Constitución permite a las Cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno; el Reglamento del Senado obliga a los ministros a comparecer. El argumentario jurídico del GPP se agarra a eso.
Qué quieren preguntar ahora
Albares, según los populares, tendrá que rendir cuentas de la coordinación con Marruecos y de los compromisos alcanzados tras la avalancha. Marlaska y Robles, de sus contradicciones, de los informes de seguridad conocidos y de la “falta de seguridad” que denuncian en la ciudad autónoma. No es un examen de cortesía: es el intento de convertir el Senado —donde el PP tiene mayoría— en la sala de máquinas del control al Ejecutivo.
El contexto importa. A principios de mes el Senado aprobó una reprobación impulsada por el PP a varios ministros; esta misma semana el Congreso reprobó a Marlaska y pidió su cese. Los tres han respondido preguntas en plenos recientes, pero la oposición sostiene que eso no sustituye una comparecencia en comisión con tiempo, expediente y cara a cara.
Ceuta sigue sin cerrarse
En el comunicado popular se manejan cifras de unos 6.000 migrantes en instalaciones de acogida y alrededor de 3.000 en la calle. Otras piezas periodísticas recogen horquillas del Gobierno distintas; el desacuerdo sobre el recuento es parte del problema político. Lo que no es discutible es que la crisis arrastra más de 50 días y que el “plantón” de agosto dejó una foto: asientos vacíos mientras Ceuta pedía explicaciones.
El Gobierno ha mantenido que ningún informe alertaba de un episodio como el vivido y ha ensalzado la colaboración con Rabat. El PP responde que no se escucharon alertas y que la “rebeldía ordenada” por Sánchez a no comparecer en agosto agrava el daño institucional. Sean o no “mentiras” —palabra de la oposición, no veredicto judicial—, la exigencia de control parlamentario es legítima en cualquier democracia que se tome en serio a sí misma.
Las fechas de las nuevas comisiones aún no están cerradas. Da igual el calendario: el mensaje del PP es que sin comparecencia no hay relato creíble. Interior, Defensa y Exteriores pueden seguir esquivando el Senado; cada ausencia suma al balance de una crisis que ya no se mide solo en llegadas, sino en autoridad política gastada.