Hay un truco viejo en política: gritar en el atril lo que luego firmas en el despacho. Con los menores llegados a Ceuta, el PP y Vox lo tienen afinado. En público, el mensaje es de muro. En privado y en los papeles, sus comunidades están recibiendo a niños y adolescentes.
Según El País, al menos tres territorios gobernados por PP y Vox —Castilla y León, Aragón y Extremadura— están acogiendo estos días a menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta. Lo hacen a petición del gobierno de Juan Jesús Vivas y por la obligación del artículo 35 de la ley de extranjería. Madrid, Murcia y Galicia (PP) también están recibiendo; Castilla-La Mancha (PSOE) suma traslados. No es un rumor de pasillo: hay fechas y destinos.
En septiembre, Ceuta envió un menor a Castilla y León el día 14; otro a Extremadura el 15; uno a Aragón el 16; y 14 a Castilla-La Mancha el 17. Para el 21 hay previstos envíos a Madrid y Murcia; el 24, cuatro a Galicia. Fuentes de la Xunta y de la Junta de Castilla-La Mancha confirman acogidas. Madrid admite que siguen llegando expedientes de Ceuta y Canarias “anteriores a la invasión”.
El “no” de los pactos y el sí de la ley
Entre abril y junio, PP y Vox cerraron acuerdos autonómicos prometiendo no aceptar más menores inmigrantes. Ese discurso se ha endurecido tras el cruce masivo del 30 y 31 de julio. Pero la realidad administrativa no va al mitin: los presidentes del PP y fuentes de Vox llevan semanas reconociendo, en privado, que hay que cumplir la ley. Los recursos judiciales contra la norma, de momento, no les han salvado del trámite.
Hasta ahora, la mayoría de estos realojos afectan a menores entrados antes de la avalancha, porque los expedientes llevan tiempo. Las mismas fuentes ceutíes avisan de que ya hay procesos en marcha también para llegados en la crisis. Navarra, además, pactó de forma bilateral la llegada de cinco niñas que sí entraron con el cruce masivo.
Los números de fondo explican por qué el teatro no aguanta. A Ceuta le corresponden 29 plazas ordinarias; hay filiados unos 2.200 y Moncloa estima otro millar en la calle. Antes del 30 de julio ya atendía a unos 700. Hasta mediados de julio, más de 1.750 menores de Ceuta, Melilla y Canarias habían sido derivados en un año. Cuando el sistema revienta, la solidaridad no es un eslogan: es un reparto obligatorio.
Dos caras del mismo partido
Génova y Vivas insisten en devolver a Marruecos y en llamar “invasión” al episodio para eludir el marco de extranjería. Juanma Moreno, en cambio, ha dicho en Onda Cero que el Gobierno ya tiene instrumento legal para trasladar menores y que Andalucía los acogería si se impone. Misma sigla, dos relatos: uno para la bronca nacional y otro para no chocar de frente con la letra de la ley.
Lo que queda al descubierto no es solo hipocresía. Es un modelo político que niega la acogida en el discurso para no pagar el peaje con Vox, mientras la administración local y autonómica sigue firmando traslados porque no hay alternativa legal limpia. Si el “no” fuera real, no habría listados de destinos. Los hay. Y cada menor que aterriza en una comunidad del PP demuestra que la ley, al menos por ahora, pesa más que el tuit.
La izquierda no debería confiarse: el colapso ceutí es real y la gestión del Gobierno también se juzga por plazas, tiempos y tutela. Pero el dato de hoy es otro: quienes vendieron el rechazo total están, en la práctica, haciendo de red de acogida. Sin rueda de prensa triunfal, eso sí.