Hay gestos que salen baratos en rueda de prensa y caros en el juzgado. El Ayuntamiento de Madrid se colgó la medalla de haber movido ficha por Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada tras siete décadas en su casa. Ahora una jueza le devuelve el regalo envuelto: si la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) fue capaz de activarse tan rápido para ese caso mediático, no puede tratar el resto de desalojos de vulnerables como un trámite de sello y goma.
Según providencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Raquel Catalá, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, ha paralizado hasta ocho desalojos de familias en situación de especial vulnerabilidad —algunas con menores— que ocupan viviendas de la EMVS. No inventa un derecho nuevo. Hace algo más incómodo para el poder local: toma en serio el propio relato del consistorio.
Catalá considera «hecho notorio» la «rápida puesta en marcha y activación» de la EMVS «ante una situación de desahucio de estos días». Traducción sin toga: lo que sirvió para maquillar el caso estrella ahora sirve de vara de medir. Si hay agilidad cuando arde Sol y las cámaras, la tiene que haber cuando el apellido no sale en portada.
Ni sello mecánico ni colchón en la calle
La jueza pide a la empresa municipal que explique qué «medidas precautorias adecuadas y suficientes» va a ofrecer a esas familias para que un eventual desalojo cause «el menor impacto posible». Y deja claro qué no vale: autorizar desalojos «mecánicamente» ni contentarse con la asistencia ambulatoria del Samur Social en la calle, la vía que, según fuentes habituales del procedimiento, el Ayuntamiento usa a menudo para decir que “ya hay alternativa”.
«Hay que superar tal solución», escribe. El juez, al autorizar un desalojo, debe conocer, valorar y considerar proporcionadas las medidas reales de la Administración. No bastan promesas de un saco de dormir municipal.
En las resoluciones recuerda, además, lo que el propio Ayuntamiento publicita: la EMVS dice contar con un patrimonio de más de 10.000 viviendas de alquiler asequible y con el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), el mismo programa usado para reconducir el caso de Maricarmen. Si ese escaparate existe, no puede ser escaparate solo para el telediario.
Europa no es adorno
Catalá no se queda en el reglamento local. Apunta al derecho de la Unión Europea y a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE sobre vivienda social o ayuda habitacional de calidad y protección de personas vulnerables frente a desahucios forzosos. No es poesía de manual: es un aviso de que desalojar sin red puede chocar con estándares que España ya ha firmado.
Almeida, el pecho hinchado y el estándar que no quería
Esta misma semana, el alcalde José Luis Martínez-Almeida sacó pecho por la intermediación municipal en el caso Maricarmen y contrastó su “forma distinta” de encarar la vivienda con la del Gobierno central, cuyos decretos fueron tumbados el viernes en el Congreso —con el PP entre los votos del no—. El problema de hincharse el pecho es que deja un listón escrito.
Porque el caso Maricarmen no cierra el debate: lo ensancha. La anciana podrá volver a su hogar vía SIA, con un alquiler que no superará el 30% de sus ingresos netos y una duración aproximada de ocho años. Bien por ella. Mal síntoma del sistema si hace falta un tsunami mediático para que la administración mueva un dedo. Y peor todavía si, al día siguiente, la misma maquinaria pública intenta desalojar a otras familias vulnerables sin alternativa real.
El detalle del SIA, además, es tosco: según la cobertura de medios locales, el catálogo ofertado en la capital se reduce a un puñado de pisos —se han citado del orden de diez viviendas—, con precios que van de cientos de euros altos a más de 1.400. Intermediar está bien; vender como solución estructural un escaparate minúsculo es otra cosa.
Lo que cambia (y lo que no)
Estas providencias no “regalan” casas ni anulan de un plumazo la potestad municipal. Hacen algo más preciso y más político: obligan a motivar. Exigen alternativa habitacional seria antes de empujar a la calle a quien ya está marcado como vulnerable. Convierten el gesto de Almeida en precedente incómodo.
Para la mesa de la izquierda, el mensaje es simple. La crisis de vivienda no se arregla con un caso emblemático y un tuit de empatía. Se mide en si la vivienda pública deja de funcionar como oficina de desahucios con logo municipal. Si una jueza puede usar el marketing del alcalde para frenar ocho desalojos, el problema no es la toga: es que el ayuntamiento se creyó que la excepción mediática no dejaría rastro.
Maricarmen ya no es solo un apellido. Es un boomerang.