Sara Aagesen ha salido al Congreso con un mensaje de doble filo: sí a prorrogar Almaraz hasta junio de 2030, no a convertir eso en plantilla para el resto del parque nuclear. “Acotada exclusivamente a Almaraz”. “No es ningún precedente”. “No se altera el resto del calendario de cierres”. Y el apagón total, con Trillo, se mantiene en 2035.
La decisión de fondo ya estaba tomada en agosto: el Ministerio para la Transición Ecológica aplazó el cierre de los dos reactores cacereños —previstos para 2027 y 2028— hasta el 8 de junio de 2030. Unos 31 meses extra para Almaraz I y unos 19 para Almaraz II. Ahora la vicepresidenta lo vende como pragmatismo ante la “coyuntura energética” y la incertidumbre de los mercados, con la guerra en Oriente Medio de telón de fondo. “La realidad ha cambiado… no hay dogmatismo”.
Desde la derecha el problema no es solo la fecha de una central. Es la lógica. Si el contexto geopolítico justifica alargar Almaraz, ¿qué ocurre cuando la próxima sacudida pille a Ascó, Cofrentes o Vandellós? El PP lo pregunta en crudo: ¿qué vamos a hacer entonces? Prorrogar una y cerrar las demás no es estrategia; es parches con narrativa verde.
El Guion oficial dice que España sigue centrada en renovables, electrificación y almacenamiento, y que si eso avanza no harán falta más prórrogas. El Guion del sector eléctrico —sobre todo Iberdrola y Endesa— va en otra dirección: pedir prolongaciones del conjunto del parque, y no tan cortas como la de Almaraz, sino del orden de diez años. Naturgy y EDP matizan, pero el mensaje del negocio es claro: la nuclear no se apaga por eslogan si el sistema sigue tenso.
Hay un detalle operativo que Moncloa prefiere no dramatizar. Con el calendario vigente, 2030 concentraba cierres de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes. El sector avisa del riesgo de solapar desmantelamientos y pide reordenar. El Gobierno niega el “efecto dominó”. Aagesen añade otra red de seguridad política: cualquier nueva prórroga se decidirá en la próxima legislatura. Traducción: empujar el problema al siguiente inquilino de la Moncloa.
Eso es lo que irrita al marco liberal-conservador. No se discute que Almaraz aporte potencia firme. Se discute que el Gobierno alargue lo imprescindible para no confesar el fallo del calendario de 2019 —el pacto eléctricas-Enresa-Ejecutivo hacia el cierre total en 2035— y al mismo tiempo niegue que la política nuclear ha quedado en evidencia. Pragmático con una central; dogmático con el resto. Flexible con el BOE de agosto; rígido con el relato de descarbonización.
España no elige entre “átomos malos” y “molinos buenos” en un PowerPoint. Elige si prefiere potencia gestionable mientras las renovables y el almacenamiento aguantan de verdad, o si prefiere un calendario ideológico que se retoca cada vez que el mercado internacional se pone feo. Almaraz hasta 2030 sin precedente es, para la derecha, la confesión a medias: el cierre exprés no salía; el discurso, sí.
El pacto de 2019 entre eléctricas, Enresa y el Ejecutivo dibujaba un serial de cierres ordenado. La prórroga de Almaraz ya lo ha torcido: el arranque del desmantelamiento masivo se empuja hacia 2030. Negar el precedente sirve para calmar a la parte del Gobierno que no quiere oír la palabra nuclear. No sirve para planificar potencia firme, precios ni seguridad de suministro si el almacenamiento y las redes no llegan al ritmo del PowerPoint.
Desde un marco liberal-conservador la lectura es simple. O se reabre un debate adulto sobre vida útil, residuos e inversión, o se sigue improvisando prórrogas “excepcionales” cada vez que el mapa se complica. Aagesen ha elegido la tercera vía: excepción sin doctrina. Funciona un día en el Congreso. En el sistema eléctrico, las excepciones acumuladas acaban siendo la doctrina de facto.