Hay frases que empiezan en el pasillo y acaban en portada. “Estado profundo” era una de ellas: primero un murmullo de ministros, después una hipótesis incómoda y, esta semana, casi un diagnóstico de planta. El Gobierno de Pedro Sánchez se siente cercado. No por un eslogan de mitin, sino por una secuencia de fricciones con piezas del Estado que, vistas juntas, pintan un mapa de desgaste institucional difícil de negar.
Lo cuenta con claridad El País: lo que al inicio de la legislatura parecía una lectura minoritaria —sectores del Poder Judicial, de los cuerpos de seguridad o de la inteligencia actuando en clave hostil al Ejecutivo— se ha instalado en conversaciones privadas y, cada vez más, en declaraciones públicas. Ministros como Óscar Puente y Óscar López ya no lo disimulan. Y cuando un Gobierno empieza a citar en voz alta la frase de Aznar (“el que pueda hacer, que haga”), el mensaje no es de calma: es de trinchera.
Una semana que no se explica solo con “errores”
El relato del cerco no nace de la nada. En pocos días se han acumulado golpes que el Ejecutivo lee como patrón, no como azar:
- el Tribunal Supremo paraliza el voto de miles de nacionalizados por la llamada ley de nietos y abre un debate de legitimidad electoral que la extrema derecha ha intentado capitalizar con la palabra “pucherazo”;
- se filtra un informe policial secreto a una jueza de la Audiencia Nacional sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta… sin que Interior, según la versión gubernamental, estuviera al tanto;
- sectores del CNI cargan contra el Gobierno en un pulso interno: ellos insisten en que sí hubo avisos previos al cruce masivo; el Ejecutivo sostiene que no hubo un aviso formal elevado a las instancias que debían decidir una emergencia de esa magnitud.
Nadie serio debería convertir eso en una novela de conspiración con villanos de cartón. Pero tampoco vale el truco contrario: fingir que un Gobierno electo debe aceptar en silencio que piezas del Estado marquen el ritmo político sin control democrático ni rendición de cuentas. La democracia no es solo urnas cada cuatro años; es también que los aparatos no se conviertan en actor de veto permanente.
Autocrítica sí; indulgencia con el sabotaje, no
Hay un matiz importante, y el propio reportaje lo recoge: dentro del Ejecutivo hay autocrítica por la gestión de Ceuta. Se confió demasiado cuando regresó cerca del 90% de quienes entraron. La desclasificación parcial de comunicaciones, pensada para reforzar la versión oficial, terminó debilitándola y se llevó por delante al jefe de Gabinete de la delegación del Gobierno en la ciudad. Eso es responsabilidad política. Se puede y se debe exigir.
Otra cosa es normalizar que, en paralelo, el Gobierno de Ceuta —que en 2021 colaboró sin fisuras— ahora frene decisiones humanitarias y logísticas: rechazo del uso del puerto para alojamiento e inacción ante la autorización para que más de 500 niñas puedan trasladarse a la península. O que el debate se desplace hacia un “nosotros avisamos” del CNI que, según ministros, no cuadra con la práctica real de una agencia que manda notas diarias por asuntos menores y, sin embargo, no habría elevado con contundencia una emergencia nacional de decenas de miles de entradas.
Un ministro lo resume sin anestesia: en Policía, Guardia Civil, CNI, Supremo o Audiencia Nacional hay perfiles conservadores a los que “no les gusta este Gobierno” y aprovechan cualquier resquicio. Cita, como ejemplo simbólico, a la jueza Tardón, exconcejal del PP. Se puede discutir el tono. No se puede negar el dato de fondo: la polarización ha entrado en las costuras del Estado.
Lo que está en juego no es Sánchez: es la jerarquía democrática
La derecha celebrará este malestar como prueba de que “el sanchismo se hunde solo”. Es un error de lectura. Si un Ejecutivo con mayoría parlamentaria —por frágil que sea— se ve obligado a gobernar bajo sospecha permanente de filtraciones, vetos judiciales de máximo impacto electoral y pulsos de inteligencia sin protocolo claro, el problema deja de ser de un apellido y pasa a ser de arquitectura institucional.
España no necesita un Gobierno intocable. Necesita instituciones fuertes y leales a la legalidad democrática, no a una cultura de trinchera. Controlar al poder es sano. Convertir cada fricción en un corrimiento de tierras contra un Ejecutivo legítimo es otra cosa: es política por otros medios, con toga, placa o carpeta clasificada.
El Gobierno tiene deberes urgentes: cerrar de verdad la emergencia en Ceuta, explicar sin triunfalismo qué falló en la cadena de avisos y dejar de improvisar desclasificaciones que le revientan en la cara. Pero la oposición y parte del aparato también tienen uno: dejar de vender como neutralidad lo que a menudo es presión. Porque si la democracia se reduce a “el que pueda hacer, que haga”, al final no gana la ley. Gana el más hábil en el pasillo.