Hay votaciones que suenan a trámite y votaciones que miden si un país quiere mirarse al espejo. El miércoles el Congreso decide si convalida el real decreto de lobbies. No es un debate de despacho: según La Vanguardia, España se juega entre 800 y 1.500 millones del Plan de Recuperación si la reforma no entra en la solicitud del séptimo tramo. Y, de paso, deja en el aire a los unos 250 grupos ya inscritos en apenas quince días.
El Gobierno aprobó el texto el 25 de agosto, con el reloj europeo encima. El plazo de hitos del plan vencía el 31 de agosto. Bruselas lleva años pidiendo un registro público obligatorio de lobbistas en el Informe sobre el Estado de Derecho. El País resume el clima: salvo un milagro de última hora, la convalidación no sale. PP, Junts, UPN y Vox empujan al no. La patronal y los grandes sindicatos también.
La ironía es casi de manual. Una norma de transparencia —quién habla con el poder, cuándo y de qué— tropieza con casi todo el arco que dice defender el “diálogo”. UGT y CCOO exigen no convalidar porque, dicen, equiparar sindicatos a “grupos de interés” ignora su papel constitucional (artículos 7 y 28 y la Ley de Libertad Sindical). CEOE y Cepyme comparten el malestar y han congelado contactos; la patronal incluso aplazó su alta formal en el registro. Junts habla de burocracia que no distingue multinacional y asociación de pueblo. En el PP, pese a enmiendas coladas en el texto, Cuca Gamarra ha dejado claro en privado que no regalarán esa baza al Gobierno.
Desde la izquierda institucional el marco es otro: si hasta la concertación social y la gran empresa se niegan a dejar rastro de sus puertas giratorias de agenda, el mensaje al ciudadano es que la influencia prefiere la penumbra. El PSOE y la asociación de lobistas APRI recuerdan que patronal y sindicatos sí figuran en registros europeos o madrileños. APRI habla de “profundo malestar” y sostiene que cerca del 85% del decreto lleva huella del trabajo parlamentario previo —enmiendas de PP, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Junts y BNG—.
No hay que endulzarlo: el Ejecutivo llegó tarde, apretó por decreto y ha cosechado un enfado transversal. Eso no borra el fondo. Seis años de debate, cinco avisos de Bruselas y un país que sigue sin un mapa claro de quién susurra en el oído del Estado. Cuando se caiga —si se cae— no solo se caerá un papel. Se caerá, otra vez, la idea de que el poder debe explicar con quién se reúne.
El miércoles no se vota un capricho de Moncloa. Se vota si la transparencia es de verdad o solo un eslogan para los demás.