Andalucía ya tiene el primer Gobierno de coalición entre PP-A y Vox. Juanma Moreno ha presentado este jueves un Ejecutivo de 13 consejerías y tres vicepresidencias, nacido del pacto que permitió su investidura tras las elecciones del 17 de mayo. Los populares lograron 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, y Vox obtuvo 15. La aritmética hizo el resto.
La foto no es menor. Durante años Moreno vendió una derecha andaluza con modales propios, más amable que bronca, más gestión que bandera. Ahora esa “vía andaluza” entra en una fase nueva: Vox se sienta dentro de San Telmo, no solo en el pasillo. Y cuando un socio entra en el Gobierno, deja de ser apoyo externo y empieza a tocar botones.
Qué cambia en San Telmo
Según la composición difundida, Antonio Sanz será vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Manuel Gavira, de Vox, será vicepresidente segundo y asumirá Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Carolina España será vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo.
El resto del gabinete mezcla continuidad y recolocación: Agricultura queda en manos de Ramón Fernández-Pacheco; Educación, de María del Carmen Castillo; Universidades, Industria, Energía e Innovación, de Jorge Paradela; Empleo, de Rocío Blanco; Servicios Sociales, Familia e Igualdad, de Loles López; Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, de Rocío Díaz; Fomento, de Mario Muñoz Atanet; Sostenibilidad, de Adolfina Martínez Guirado; Cultura, de Patricia del Pozo; e Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, de José Antonio Nieto.
La derecha gana poder; Andalucía gana una prueba
Desde una mirada progresista, lo importante no es solo cuántas sillas tiene Vox. Es qué políticas consigue mover. Turismo y Justicia no son carteras decorativas. La llamada desregulación tampoco es una palabra inocente: puede significar menos trabas absurdas, sí, pero también menos controles allí donde los controles protegen derechos, territorio o servicios públicos.
Moreno intenta envolver el pacto con tres vicepresidencias y perfiles del PP con peso político. Es una forma de decir: “Vox entra, pero no manda solo”. Puede funcionar como cortafuegos. O puede ser maquillaje si las 150 medidas pactadas acaban marcando la legislatura en inmigración, clima, diálogo social o igualdad.
La comodidad se acabó
El presidente andaluz ya no podrá culpar a la oposición de cada roce ni presentarse como gestor sin ideología. Gobernar con Vox implica elegir cada semana hasta dónde se cede y dónde se planta uno. Y esa negociación se verá en cosas muy concretas: políticas de igualdad, permisos ambientales, educación, justicia, atención social y relación con sindicatos y patronal.
La izquierda, por su parte, tiene una oportunidad y una obligación. La oportunidad es fiscalizar un pacto que puede tensar derechos y servicios. La obligación es no quedarse en el susto moral. Si quiere recuperar terreno en Andalucía, tendrá que explicar con claridad qué cambia para una familia, una trabajadora pública, un autónomo, una mujer que necesita un recurso de igualdad o un joven que busca vivienda. Menos cartel, más vida diaria.
Moreno ha conseguido seguir gobernando. Vox ha conseguido entrar en el Gobierno. La pregunta que queda abierta es otra: quién pagará políticamente si la convivencia convierte la estabilidad en un tira y afloja permanente.