La AP-9 vuelve a demostrar que una autopista puede ser mucho más que asfalto. El PP ha usado su mayoría en el Senado para aprobar enmiendas a la ley del traspaso de la autopista gallega y recuperar, según la información de Europa Press, el “espíritu” inicial de la norma. Faro de Vigo lo resume con menos barniz: otro desencuentro, esta vez por las garantías económicas del traspaso.
La discusión es fácil de caricaturizar desde Madrid como otra pelea territorial. Pero para Galicia la AP-9 no es una línea en un mapa. Es una arteria central, con peajes, concesiones, costes y años de bronca política acumulada. Transferirla sin aclarar quién paga qué no sería descentralizar: sería pasar una patata caliente con factura incorporada.
El Senado como dique, no como decorado
Desde una lectura conservadora e institucional, el movimiento del PP tiene una defensa clara: si una infraestructura estratégica cambia de manos, el traspaso debe venir bien atado. Competencias sí, pero con números. Autogobierno sí, pero sin que el Gobierno central se quite de encima el problema y deje a la comunidad una herencia envenenada.
Ahí está el corazón de la pelea. El Congreso había movido el texto en una dirección; el Senado, donde el PP tiene mayoría, lo devuelve hacia la redacción que los populares consideran más garantista. Esto no cierra la ley, pero sí la devuelve al choque político: Galicia quiere la AP-9, el Gobierno necesita cuadrar mayorías, y el PP usa la Cámara Alta para marcar condiciones.
La izquierda puede denunciar bloqueo. Y habrá parte de juego partidista, claro. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿qué significa exactamente transferir la AP-9 si no queda blindado el coste de mantenimiento, las obligaciones económicas y el tratamiento de los peajes? En política territorial, las palabras bonitas suelen salir gratis; las autopistas, no.
Galicia no debería pagar dos veces
El marco de fondo es conocido: una comunidad periférica que reclama decidir sobre una infraestructura esencial y, al mismo tiempo, exige que la operación no se convierta en una trampa presupuestaria. Si Madrid presume de ceder competencias pero no acompaña la factura, el gesto queda precioso en nota de prensa y bastante feo en la contabilidad.
El PP gallego y nacional intentan colocarse en ese punto: sí al traspaso, pero no a cualquier precio. El Gobierno y sus socios, por su parte, pueden presentar las enmiendas como una marcha atrás o una maniobra para reabrir lo ya pactado en el Congreso. La verdad política probablemente esté en medio: todos quieren el titular favorable y nadie quiere cargar con el coste completo.
Para el ciudadano, la métrica es menos épica. Quiere saber si el traspaso servirá para mejorar la gestión, reducir incertidumbre y abrir una discusión seria sobre peajes, o si será otra batalla entre administraciones donde cada una culpa a la otra mientras el recibo sigue igual.
La AP-9 merece algo más que una guerra de comunicados. Si Galicia asume la llave, debe saber qué puerta abre y qué deuda hay detrás. Lo contrario no es autogobierno: es firmar un contrato sin leer la letra pequeña.