La AP-9 ya tiene ley para cambiar de manos. El Congreso dejó cerrada este jueves la Ley Orgánica que permite transferir a Galicia la titularidad y competencias de la Autopista del Atlántico, una vieja reivindicación gallega que vuelve cada cierto tiempo con el mismo sonido de fondo: peajes, centralismo, dinero y una Xunta que no quiere heredar una autopista con trampa.
El dato frío es claro. Según la nota oficial del Congreso, la Cámara rechazó las siete enmiendas del Senado —138 votos a favor de esas enmiendas, 210 en contra y ninguna abstención— y dejó viva la versión aprobada por la Cámara Baja. La norma queda lista para publicarse en el BOE y entrar en vigor. A partir de ahí, Estado y Xunta tendrán que llevar a la Comisión Mixta de Transferencias una propuesta concreta con las condiciones del traspaso.
Y ahí está la letra pequeña. La ley abre la puerta, pero no resuelve por arte de magia quién paga qué, cómo se gestionan los compromisos anteriores o qué margen real tendrá Galicia sobre una vía que vertebra buena parte del eje atlántico. La propia norma habla de concretar el régimen económico-financiero y de que el traspaso cuente con medios materiales y presupuestarios. Traducido: el titular político es hoy; la pelea seria viene mañana.
Una victoria territorial con factura pendiente
Desde una lectura conservadora y autonomista, la transferencia tiene una virtud evidente: acerca la decisión a quienes usan la carretera, sufren sus peajes y pagan sus atascos. Si una infraestructura discurre íntegramente por Galicia, no parece extravagante que Galicia tenga voz directa en su gestión. Eso es Estado autonómico de manual, no una rareza.
Pero también conviene bajar el confeti. Transferir competencias no puede convertirse en el truco clásico de Madrid: entregar la llave y quedarse mirando cuando llega la factura. Si el Estado traspasa una autopista con obligaciones, concesiones y costes acumulados, el acuerdo debe ser limpio. Sin promesas de rueda de prensa y sin pasarle a la Xunta un paquete envuelto con lazo gallego y contenido explosivo.
El Congreso cita el artículo 150.2 de la Constitución como base para delegar o transferir facultades estatales cuando sean susceptibles de ello. Perfecto. Pero la Constitución no paga peajes ni conserva firmes. La política útil empieza cuando el símbolo se convierte en mantenimiento, tarifas, inversiones y responsabilidades claras.
El riesgo: vender soberanía donde aún hay negociación
La tentación de todos los bandos es obvia. Para el nacionalismo gallego, presentar la ley como victoria histórica. Para el Gobierno, vender sensibilidad territorial. Para la derecha, advertir de cesiones a los socios. Todas esas lecturas caben, pero ninguna sustituye el acuerdo de transferencias que falta.
La AP-9 no es solo una carretera: es una pieza económica para ciudades, trabajadores, empresas y familias que se mueven entre Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo. Si la transferencia acaba sirviendo para mejorar gestión y rendición de cuentas, bienvenida sea. Si se queda en una bandera más para agitar en campaña, Galicia habrá ganado un titular y seguirá esperando una solución.
La buena política debería medirse aquí con una pregunta sencilla: ¿va a notar algo el usuario de la autopista o solo el portavoz de turno? Porque si después de tanta ley, tanta comisión y tanto pulso institucional el conductor sigue pagando igual, esperando igual y entendiendo menos, la autonomía habrá sido más decorado que poder real.