Un ático en Chamberí no es, por sí solo, una sentencia política. Pero cuando una administración compra un inmueble caro para que lo use temporalmente su presidenta, la pregunta sale sola: ¿hacía falta comprar, en vez de alquilar, y por qué ahora?
El ministro Óscar López, también candidato socialista a la Comunidad de Madrid, ha pedido explicaciones por la operación. Su acusación política es directa: habla de “millones de euros de todos los madrileños” y exige saber “cómo, cuánto, por qué y para qué”. Es un marco duro, sí. Pero la parte comprobable es suficientemente relevante como para no despacharla como ruido de partido.
Según publicó El País y recoge EFE, la Comunidad de Madrid compró el 14 de abril un ático de 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí, para que Isabel Díaz Ayuso lo utilice como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. La compra la habría realizado Planifica Madrid, empresa autonómica que comercializa suelo público y gestiona oficinas propias.
La Comunidad tiene derecho a organizar sus sedes y a buscar un espacio alternativo si el edificio de Sol entra en obras. Eso no está en discusión. Lo que sí exige luz larga es la decisión concreta: un ático en una de las zonas más caras de Madrid, comprado por una empresa pública, para una oficina que se presenta como temporal.
La izquierda tiene aquí un argumento fácil, pero no por fácil es falso: mientras la vivienda es el gran agujero de la vida madrileña, cualquier gesto institucional que huela a privilegio se paga caro en la calle. No porque una presidenta tenga que trabajar en un sótano, sino porque el contraste entre los problemas reales de alquiler y la compra de un ático institucional es políticamente explosivo.
La derecha, por su parte, intentará reducirlo a campaña socialista contra Ayuso. Y algo de campaña hay, claro. Óscar López no habla desde una torre neutral, habla como adversario. Pero esa condición no elimina la pregunta de fondo. Si el gasto está justificado, la respuesta debería ser sencilla: precio, expediente, alternativas valoradas, duración prevista del traslado y razón de la compra.
El problema de estas polémicas no es solo el coste. Es la sensación de que las administraciones se acostumbran a pedir paciencia al ciudadano y confianza ciega para sí mismas. Madrid presume de gestión ágil, de impuestos bajos y de eficacia. Pues precisamente por eso debería poder explicar una compra así sin esconderse detrás de frases de trámite.
La transparencia no consiste en publicar un expediente cuando ya arde Twitter. Consiste en anticipar las dudas razonables antes de que parezca que la oposición ha pillado algo por sorpresa. Y aquí las dudas son razonables: compra frente a alquiler, metros, ubicación, presupuesto, uso futuro y control público de la operación.
No hace falta afirmar irregularidades para exigir claridad. De hecho, conviene no hacerlo sin pruebas. La cuestión política basta: si el dinero es público, la explicación también debe ser pública. En Madrid, donde la presidenta ha hecho de la batalla cultural una forma de gobierno, hasta una oficina puede convertirse en símbolo. Y este símbolo, de momento, pesa demasiado como para resolverlo con un “confíen”.