La Audiencia Provincial de Madrid ha movido el caso Begoña Gómez a un punto políticamente incómodo para todos. Por un lado, corrige al juez Juan Carlos Peinado y levanta las medidas cautelares que pesaban sobre la esposa del presidente del Gobierno: devolución del pasaporte, fin de la prohibición de salir del país y fin de la obligación de firmar periódicamente en sede judicial. Por otro, mantiene el procedimiento con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Dicho sin trinchera: no es la caída completa del caso que desea Moncloa, ni tampoco la confirmación total del relato más duro contra Gómez. La Audiencia recorta, ordena y deja viva la parte que considera que debe seguir su curso. Eso obliga a hacer algo que en España cuesta mucho: separar el ruido del expediente.
Menos cautelares, pero no carpetazo
Según RTVE y Europa Press, el tribunal retira las cautelares impuestas a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez, aunque precisa que deberán estar localizadas. También descarta dos delitos que el instructor había incluido: corrupción en los negocios y apropiación indebida. Es una enmienda relevante a Peinado, porque limita el perímetro penal del caso y deja claro que no todo lo investigado tiene el mismo recorrido.
Pero el auto mantiene el juicio con jurado popular contra Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación. En el caso de Cristina Álvarez, el procedimiento seguiría por un presunto delito de malversación relacionado con el supuesto desvío del software de la cátedra codirigida por Gómez en la Universidad Complutense, según Europa Press. El empresario Juan Carlos Barrabés queda separado del juicio con jurado y su parte continúa por otro procedimiento.
Moncloa intenta cerrar el caso por la vía política
El Gobierno ha reaccionado defendiendo la inocencia de Begoña Gómez y calificando la causa de política, con origen en una denuncia falsa y basada en noticias falsas, según fuentes de La Moncloa citadas por RTVE. Es comprensible que el Ejecutivo quiera proteger a la familia del presidente y denunciar el uso partidista de los tribunales cuando cree verlo. Pero hay una frontera importante: la defensa política no sustituye a las resoluciones judiciales.
Para la derecha, el caso es munición evidente. Tiene todos los ingredientes de una historia de desgaste: entorno familiar de Sánchez, universidad pública, contratos, asesora, juez, pasaporte y jurado popular. La tentación será vender cada auto como condena anticipada. Sería un error y una irresponsabilidad. Los delitos son presuntos, Gómez mantiene intacta su presunción de inocencia y el propio tribunal ha podado parte de la instrucción.
La exigencia razonable: luz, prudencia y cuentas claras
Lo que sí puede exigirse políticamente es transparencia. Cuando un caso afecta de forma tan directa al círculo íntimo del presidente, el estándar público no puede ser “confíen y cállense”. Tampoco puede ser convertir una investigación en una plaza pública sin garantías. La ciudadanía merece saber qué hechos se sostienen, cuáles se caen y qué queda realmente bajo examen judicial.
La Audiencia deja una foto más precisa que el griterío: ni pasaporte retenido ni barra libre para archivar todo como persecución. Hay una parte del caso que se estrecha y otra que sigue. Eso incomoda a Moncloa porque mantiene viva una sombra política, e incomoda a quienes quieren una condena exprés porque recuerda que el procedimiento penal no es un hilo de Twitter.
El riesgo para Sánchez no es solo judicial. Es de credibilidad. Un Gobierno que pide respeto a las instituciones cuando le conviene debe sostenerlo también cuando las instituciones deciden que una parte del caso continúa. Y una oposición seria debería hacer lo mismo cuando esas instituciones rebajan cargos y levantan medidas cautelares. Lo contrario es usar la justicia como martillo propio y llamarla politización solo cuando golpea en contra.