El pasaporte de Begoña Gómez ya es política exterior: Londres sí, OTAN no

La política española ha convertido hasta un pasaporte en material inflamable. Según Europa Press, un juez ha autorizado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a viajar esta semana a Londres para la graduación de su hija, pero no a Ankara para la cumbre de la OTAN, después de que el juez Juan Carlos Peinado le retirara el pasaporte en junio.

El dato seco es ese: permiso para un viaje familiar a Londres, no para acompañar a Pedro Sánchez a Turquía. elDiario.es también recoge que deberá retirar el pasaporte para ese desplazamiento y entregarlo de nuevo a su regreso. No hay que adornarlo más de la cuenta: es una decisión judicial concreta dentro de una causa abierta.

La derecha ve una imagen imposible de defender

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el episodio para apretar donde más duele al Gobierno: la imagen exterior. Según otra información de Europa Press, el líder del PP considera “impropio” que Begoña Gómez se “pasee por los foros internacionales”. Su portavoz, Borja Sémper, sostiene que no ofrece “la mejor imagen de España” si acompaña al presidente a una cumbre internacional.

Desde una lectura liberal-conservadora, el argumento es fácil de entender: cuando La Moncloa está rodeada de causas, citaciones y ruido judicial, cada gesto institucional pesa el doble. El Gobierno puede insistir en la presunción de inocencia, y debe hacerlo. Pero también tiene que aceptar que la representación pública no se mide solo en términos procesales. Se mide en confianza, prudencia y sentido del momento.

Presunción de inocencia no es blindaje político

Conviene no cruzar líneas peligrosas. Que haya una investigación no permite dar por probados delitos ni convertir una causa en condena. Esa frontera importa, porque si se borra, la política se vuelve una máquina de triturar reputaciones antes de que hablen los tribunales.

Pero la frontera contraria también existe. La presunción de inocencia no obliga a fingir que no pasa nada. Un presidente puede defender a su entorno y, al mismo tiempo, cuidar qué viajes, fotos y símbolos coloca delante de la ciudadanía. Si cada explicación llega tarde y con tono de agravio, el Gobierno regala a la oposición una narrativa de búnker.

El juez decide el viaje; la política paga la factura

La resolución no prueba el relato completo de ningún partido. Ni convierte a Begoña Gómez en culpable, ni convierte al Gobierno en víctima automática de una persecución. Lo que sí muestra es algo más simple: la judicialización del entorno presidencial ya condiciona la agenda pública y la agenda internacional.

Para el PP, es un filón evidente. Para el PSOE, un desgaste que no se arregla con indignación. Y para el país, otra semana en la que se habla más del pasaporte de una persona investigada que de lo que España lleva a una cumbre de la OTAN. Ahí está la factura política: aunque los papeles los firme un juzgado, el coste lo pagan todos en forma de ruido, sospecha y bloqueo.