Bruselas coge la lupa con la «prioridad nacional» de PP y Vox: como eslogan cuela, como ley habrá que verlo

La diferencia entre un eslogan de mitin y un artículo en el boletín oficial es la misma que hay entre prometer y firmar. Y justo en esa frontera es donde Bruselas ha decidido colocar la lupa sobre la 'prioridad nacional' que PP y Vox llevan meses colando en sus pactos autonómicos.

La foto es de este miércoles. Según informó Europa Press el 2 de julio a las 13:28, la Comisión Europea evitó mojarse sobre los acuerdos políticos entre populares y ultraderecha por una razón de manual: todavía no hay ninguna medida concreta adoptada ni propuesta. Sin norma encima de la mesa, no hay nada que examinar. De momento.

El encargado de decirlo fue el comisario Michael McGrath, que respondía a una pregunta del eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. Y aquí conviene subrayar el matiz con rotulador fluorescente, porque es donde está toda la chicha.

McGrath no se limitó a un 'no valoramos y hasta luego'. Dejó caer que la Comisión está atenta a las novedades en los Estados miembros para velar por el respeto al Derecho de la Unión. Y puso nombre y apellidos a lo que vigila: el principio de no discriminación por nacionalidad, la ciudadanía de la Unión, la libre circulación de personas y la Carta de los Derechos Fundamentales. Traducido del europeo al román paladino: como esto pase del papel del pacto al papel del boletín oficial, hablamos.

¿Qué denunciaba López Aguilar? Su pregunta sostiene que PP y Vox han introducido la prioridad nacional en varios pactos regionales para dar acceso preferente a los nacionales frente a las personas migrantes —incluidos ciudadanos europeos— en terrenos tan sensibles como la vivienda, las ayudas, las prestaciones sociales o los servicios públicos. Es su lectura política, conviene precisarlo, y es la que ha empujado el asunto hasta el corazón del Parlamento Europeo.

Dicho esto, toca decir también lo que Bruselas NO ha dicho, porque en estos asuntos el ruido suele tapar el dato. La Comisión no ha declarado ilegal la prioridad nacional. No ha abierto expediente. No hay procedimiento de infracción en marcha, ni sanción, ni siquiera el amago de una. Lo que hay es una advertencia de fondo, casi pedagógica: no se juzgan eslóganes, se juzgan normas. Mientras la idea viva en el terreno del titular, la Comisión se limita a tomar nota.

Conviene entender por qué el PSOE ha elegido el atajo europeo en lugar de los tribunales españoles. Llevar la 'prioridad nacional' a la Eurocámara no busca una sentencia inmediata, sino algo más político: obligar a la Comisión a mojarse y, de paso, recordar que por encima de cualquier pacto autonómico hay un marco de derechos que no se vota en una investidura. Es presión, y es un aviso de que el foco no se va a apagar.

El fondo del debate roza una fibra que Europa se toma muy en serio. La libre circulación no es un adorno del proyecto comunitario: es uno de sus pilares fundacionales. Un ciudadano de otro país de la UE que se muda a España no es, a ojos del Derecho europeo, un 'extranjero' cualquiera, sino alguien amparado por la ciudadanía de la Unión. Que un enfermero portugués o una familia rumana con todo en regla pudieran quedar detrás en la cola de una ayuda pública por no llevar un DNI español encima es, precisamente, el tipo de escenario que el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe de raíz.

Por eso el gesto de la Comisión, aunque suene tibio, no es neutro. Que Bruselas se moleste en responder a una pregunta parlamentaria ya coloca un techo simbólico a la ambición de los pactos: hay un límite, y está escrito en los tratados. La prioridad nacional funciona de maravilla como arma electoral, corta y pega en un mitin. Pero convertirla en derecho positivo es otra liga, y ahí las costuras jurídicas aprietan.

De momento, la pelota está en el tejado de quien gobierna. Mientras la prioridad nacional siga siendo eslogan, Bruselas mirará de reojo y guardará el recorte. El día que un pacto se convierta en artículo con número y letra en un diario oficial autonómico, esa mirada de reojo puede transformarse en algo bastante más incómodo. McGrath lo ha dicho con guante de seda, pero lo ha dicho: la Comisión estará 'atenta'. Y en el diccionario comunitario, 'atenta' rara vez es una palabra inocente.