Cuando un expresidente del Gobierno recurre para que la Policía mire menos sus cuentas, la ciudadanía merece una explicación simple. Este lunes, José Luis Calama se la ha dado: no. El rastreo bancario de Zapatero, de sus hijas y de su secretaria sigue adelante en el caso Plus Ultra.
El recurso no era un detalle técnico de abogado aburrido. Pedía paralizar o reconducir la autorización a la UDEF, recortar el tiempo, eliminar comunicaciones internas con la entidad y blindar la pieza para limitar lo que la unidad policial pueda considerar «pertinente». Traducción política: menos linterna sobre el dinero.
Calama responde que la linterna ya tiene tope judicial. No hay poder genérico para pedir «cualquier» dato bancario: solo ampliación sobre productos ya identificados y vinculados a los flujos investigados. El riesgo de filtración, añade el auto según The Objective, no es excusa jurídica para desactivar la instrucción; lo contrario sería condicionar la causa al miedo a terceros.
EFE resume otro golpe de realidad: el juez ve contradicción entre este recurso y la autorización «universal» que el propio Zapatero habría expresado al declarar. Anticorrupción se plantó en contra del escrito. Investigar no es humillar; impedir la investigación cuando hay un rescate de 53 millones y una hipótesis de peaje sí sería humillar al contribuyente.
El marco factual es tozudo. Plus Ultra recibió rescate SEPI en pandemia. La instrucción sitúa al expresidente en el centro de una presunta trama de influencias. Directivos de la compañía han sostenido ante el juez —en informaciones de este ciclo judicial— pagos en torno al 1% ligados a gestiones. Falta juicio y falta sentencia. No falta motivo para mirar movimientos bancarios del entorno señalado.
Desde la derecha liberal-conservadora el asunto no se resuelve con memes de «cacería». Se resuelve con una regla de Estado: el poder pasado no compra opacidad futura. Si las cuentas están limpias, el extracto lo dirá más rápido que cualquier rueda de prensa. Si hay recorridos raros, mejor que los vea un juez que un tuit.
La pieza reservada, lejos de ser un capricho, es el mecanismo para no convertir la vida familiar en serial. Pero reservado no significa intocable. Significa orden. Calama lo mantiene y, con ello, manda un aviso a toda la arquitectura de intermediarios que creyó que el rescate público era un salón privado.
España no necesita más narrativa de persecución. Necesita instrucción con perímetro, Fiscalía que no se asuste y un final procesal con pruebas. Hoy el listón ha subido un milímetro a favor de la transparencia del dinero. Mañana, a contar céntimos.