Hay dos Ceutas en el debate español. Una vive en el Senado y en las ruedas de prensa: la de los gritos, las teorías y el “invasor” como eslogan. La otra está en la playa del Trampolín, con chabolas de cartón y más gente a la intemperie que con techo digno cuarenta días después del 30 y 31 de julio.
El Consejo de Ministros ha aprobado desclasificar “todos” los informes en su poder —e incluso comunicaciones internas entre departamentos— elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre aquella entrada masiva. Son unos 40 documentos de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS). La portavoz Elma Saiz anunció que se publicarían en la web de Moncloa, con el mismo gesto de transparencia que se usó en febrero con papeles del 23-F. El mensaje oficial es claro: “No tenemos nada que esconder”.
Ese paquete, según el Ejecutivo, no incluye material que afecte a la seguridad nacional —ese iría a la comisión de secretos del Congreso—. Y la lectura política que hace el Gobierno es todavía más nítida: por ahora no hay pruebas de que las autoridades marroquíes estuvieran detrás del asalto a la frontera, pese a que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo dieran por hecho. Saiz pidió a Feijóo “responsabilidad” y le afeó abrazar “teorías conspiranoicas”. Yolanda Díaz fue más dura: acusó al PP de “pirómanos del odio” tras una crisis en la que murieron 141 personas.
Desde la izquierda conviene no confundir dos cosas. Publicar papeles es un acierto si hay pelea de relatos. No es un talismán que limpie la gestión. En Ceuta, a día 40, el relato humanitario sigue siendo demoledor: siguen quedando más inmigrantes en la calle que acogidos en centros habilitados. Migraciones mantiene en torno a 3.400 plazas desde el 31 de agosto; Ángel Víctor Torres habla de llegar a 6.000 “en los próximos días”. En el puerto se montan carpas —unas 560 plazas previstas— con oposición de Vivas. En el Trampolín, oenegés hablan de miles de personas en condiciones insalubres. Eso no se arregla con un PDF.
Tampoco se arregla con el monográfico del PP en el primer control del curso en el Senado. Los populares convirtieron la sesión en un ataque continuo y endurecieron el lenguaje hasta llamar “invasores” a quienes están hacinados en acogida o en la calle. Hablaron de “caos sanitario”, de mujeres y niñas agredidas y de carpas que aumentarían el riesgo de sabotaje en depósitos de combustible. Es legítimo exigir control de frontera y orden. No lo es convertir a personas exhaustas en combustible electoral para competir con Vox.
En paralelo, el Estado se mueve por la vía judicial. La Abogacía del Estado ha pedido personarse como “ofendido” ante la jueza María Tardón, en la causa de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva. El argumento no es retórico: si el auto habla de posible violación de la integridad territorial y de bienes jurídicos del Estado —soberanía, seguridad, orden público, impacto sanitario y perjuicio económico—, el Estado no puede mirar desde el pasillo. Personarse no “inventa” un delito; reclama sede en el procedimiento.
Marlaska, de visita otra vez en Ceuta, cifra en 1.100 los adultos que ya han pasado el triaje inicial hacia asilo o retorno y promete acelerar el censo con más líneas de trabajo y el nuevo CATE (unas 400 plazas para adultos). Sin registro no hay resolución; sin resolución no hay salida ordenada. Es aburrido, técnico y imprescindible. También dice que la vuelta al cole arrancó “sin incidentes” y con un 70% de asistencia: el dato no niega el miedo subjetivo de muchos ceutíes; pone un suelo de realidad frente al apocalipsis permanente.
La lectura de esta mesa es sencilla. Sí a abrir los informes y a contrastar si hay o no rastro de una operación de Estado vecino. Sí a que la Audiencia Nacional investigue un ataque a la integridad territorial si los hechos lo sostienen. No a que la oposición convierta cada migrant en “invasor” y cada retraso en prueba de traición. Y no a que Moncloa crea que desclasificar un archivador sustituye camas, censo y coordinación con la ciudad.
Ceuta necesita papeles legibles y plazas reales. Lo primero puede llegar al mediodía en moncloa.gob.es. Lo segundo se mide en la playa, no en el titular.