Ceuta llega al Congreso: el PP quiere convertir la frontera en examen de Estado

La crisis de Ceuta ya no cabe en una comparecencia desde la frontera. El PP quiere llevarla al Congreso y al Senado y convertir agosto en un examen político para Pedro Sánchez. La exigencia es sencilla de entender: si han entrado decenas de miles de personas, si hay muertos y si media Europa mira al Tarajal, el presidente no puede despachar el asunto con una visita, unas boyas y una frase sobre las mafias.

El Mundo publica que los populares preparan una ofensiva parlamentaria en las dos cámaras. El Correo ya recogió la petición de un pleno extraordinario para que Sánchez informe sobre la crisis. Es política de oposición, claro. Pero también es una forma de poner una pregunta incómoda encima de la mesa: quién manda cuando una frontera exterior de la Unión Europea se desborda.

Los datos que se conocen son lo bastante graves como para no necesitar adornos. Europa Press informó de que el Gobierno cifraba en 48.300 los inmigrantes retornados a Marruecos hasta las 18 horas del viernes. La misma agencia recogió un balance de 57 personas fallecidas durante la entrada masiva. Y Sánchez anunció la instalación de boyas en el espigón de Ceuta, además de esperar la devolución cuanto antes de quienes corresponda conforme a los convenios.

Desde una mirada de derechas, el problema no es que el Gobierno actúe: es que parece actuar tarde, a golpes de cámara y cuando la presión ya se ha hecho insoportable. Una frontera no se improvisa con material flotante cuando la crisis ya está en directo. Se prepara antes, con inteligencia, diplomacia, policías suficientes, coordinación europea y una relación con Marruecos que no dependa de rezar para que Rabat colabore.

También conviene no vender humo. Pedir control fronterizo no autoriza a borrar garantías, ni a convertir a cada persona que cruza en un enemigo, ni a usar muertos como munición de tertulia. El Estado tiene obligaciones legales y humanitarias. Pero precisamente por eso necesita orden. Sin orden, manda el caos; y en el caos pierden los ceutíes, pierden los agentes, pierden los migrantes y gana el que quiera usar la frontera como palanca política.

El PP huele sangre porque el Gobierno ha quedado atrapado entre dos relatos malos para Moncloa: si presume de humanidad, le preguntan por el control; si presume de control, le preguntan por las garantías. Sánchez intenta mantenerse en medio, señalando a las mafias y prometiendo devoluciones. La oposición responde que la soberanía no se defiende con ruedas de prensa sino con decisiones previas y explicaciones en sede parlamentaria.

La clave será si el Congreso sirve para aclarar algo o solo para escenificar otra pelea. Hay cuestiones concretas que merecen respuesta: qué alertas recibió el Ejecutivo, qué pidió Ceuta, qué coordinación hubo con Marruecos, qué papel jugará Frontex y cómo se garantizarán devoluciones legales sin convertir la frontera en una zona opaca. Ahí está la diferencia entre exigir responsabilidades y gritar más fuerte que el de enfrente.

Ceuta no necesita épica barata. Necesita Estado. Y Estado significa dos cosas a la vez: proteger la frontera y someter al Gobierno al control democrático. Si Sánchez cree que actuó bien, que lo explique en el Congreso. Si el PP quiere algo más que una foto dura, que detalle medidas viables y compatibles con la ley. Lo demás es ruido sobre una tragedia.