Hagamos un experimento sencillo. Coge una bandera, la que más te guste. Ahora intenta pagar con ella la fianza, el mes en curso y la mensualidad por adelantado que te piden para entrar a un piso. No cuela, ¿verdad? Pues ahí tienes, en una sola imagen, buena parte de la política de vivienda de cierta derecha: mucha emoción, mucho símbolo y ni una sola llave en la mano.

Esto es una tribuna de opinión, así que seré claro. Cuando faltan casas y falta dinero público, aparece siempre el mismo truco de feria: la prioridad nacional. Suena contundente, suena patriótico y no construye absolutamente nada.

El truco de la prioridad nacional

La jugada es vieja y muy eficaz. Si no hay para todos, en vez de preguntarnos por qué hay tan poco, decidimos quién sobra. La conversación se desliza desde la escasez hacia la cola: ya no importa que haya pocas viviendas asequibles, importa quién tiene derecho a esperar en ella. El problema deja de ser el mercado y pasa a ser el vecino.

En la Comunitat Valenciana esa batalla tiene nombre y números. Según informó Valencia Plaza, el PSPV ha registrado una cifra récord de 4.032 enmiendas a los presupuestos con un objetivo declarado: eliminar la prioridad nacional que defiende Vox. Y conviene decirlo con precisión, sin inflar nada: hablamos de enmiendas, de trámite parlamentario, no de nada aprobado todavía. Pero la foto es nítida. Mientras unos quieren grabar el «los de aquí primero» en las cuentas públicas, otros presentan miles de enmiendas para borrarlo.

Fíjate en el detalle que lo explica todo: la pelea se libra dentro de un presupuesto. Es decir, dentro del reparto del dinero de todos. La prioridad nacional no es un adorno ideológico inofensivo; es una forma de decidir a quién llega y a quién no llega lo público.

Lo que de verdad se mueve esta semana

Y mientras esa bandera ondea, ¿qué pasa con las casas de verdad? Esta semana sí hubo movimiento. Varios medios, entre ellos Diario Público y elDiario.es, informaron de un paquete de medidas de vivienda anunciado por el Gobierno: prórroga de contratos, regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, y una subida del IVA a los pisos turísticos. Público llegó a hablar de un macrodecreto previsto para julio.

Por su parte, RTVE adelantó el 29 de junio que el Ejecutivo buscará «un gran acuerdo» sobre vivienda en el Congreso. Y vuelvo a subrayarlo, porque no quiero venderte humo: son anuncios y propuestas en tramitación, no leyes ya aprobadas. Del titular al BOE hay un trecho, y ese trecho se llama mayoría parlamentaria.

Pero fíjate en el contraste. De un lado, medidas concretas y discutibles sobre quién controla el alquiler, el negocio turístico y los contratos. Del otro, una consigna que no menciona ni una sola grúa. Una conversación va sobre cómo repartir un bien escaso. La otra, sobre a quién dejamos fuera del reparto.

La guerra entre pobres la gana siempre el de arriba

Aquí está el corazón del asunto. Cuando se enfrenta al inquilino con el inquilino, al que lleva años en el barrio con el que acaba de llegar, al joven que no puede emanciparse con la familia del piso de al lado, hay alguien que respira tranquilo: el que pone el precio. El dueño de quince viviendas no aparece jamás en este debate. El fondo que compra bloques enteros, tampoco.

Es un clásico de manual. Repartir escasez es más barato que repartir poder. Señalar al débil sale gratis; tocar la renta del alquiler, no. Por eso la prioridad nacional resulta tan cómoda: permite aparentar que se hace algo sin rozar el bolsillo de quien de verdad pesa.

Lo que falta: servicios públicos y menos desigualdad

Y lo que falta, falta de verdad. Falta vivienda pública, ese parque que en nuestro país nunca ha sido suficiente. Faltan servicios que sostengan la vida de la gente corriente cuando el sueldo no llega a final de mes. La desigualdad no se arregla decidiendo quién hace cola primero, sino ampliando lo que hay para repartir entre todos.

Una sociedad que solo discute a quién excluye ya ha perdido el partido. Porque la pregunta que importa no es «¿quién es de aquí?», sino «¿por qué un sueldo entero se evapora en pagar un techo?». Esa pregunta da más vértigo, claro, porque su respuesta apunta hacia arriba y no hacia el vecino de enfrente.

Así que ojalá ese macrodecreto y ese «gran acuerdo» se concreten y sean ambiciosos. Ojalá las enmiendas que entierran la prioridad nacional salgan adelante. Pero no nos comamos el marco con patatas. Mientras unos discuten cómo construir y cómo regular, otros nos invitan a pelearnos por las migajas. Con banderas no se levanta un edificio. Con banderas solo se levantan muros. Y los muros, ya saben, nunca tienen llave.