Lo que durante años se vendió como «ayuda» o «acompañamiento» para que una persona dejara de ser lesbiana, gay, trans o bisexual tiene ahora una etiqueta mucho más clara en el horizonte legal: delito. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 25 de junio, por mayoría absoluta, una reforma del Código Penal para castigar las mal llamadas «terapias de conversión», esas prácticas que pretenden eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de quien las sufre.
El paso es importante, pero conviene no echar las campanas al vuelo: la reforma todavía no está en vigor. La pelota está ahora en el tejado del Senado, donde el texto continúa su tramitación. Hasta que esa segunda cámara no diga la suya, lo aprobado es una declaración de intenciones con respaldo parlamentario, no una norma aplicable.
Qué dice exactamente la reforma
El núcleo de la propuesta es contundente. Quien aplique o practique actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión se enfrentaría a penas de prisión de seis meses a dos años, además de una multa. Y aquí está uno de los puntos más relevantes: el castigo se mantiene incluso cuando exista consentimiento de la persona afectada o de su representante legal.
Esa precisión no es un capricho. Detrás de muchas de estas prácticas hay menores empujados por su entorno y adultos sometidos a una presión social, religiosa o familiar tan intensa que el «consentimiento» se convierte en una palabra vacía. La reforma parte de una idea sencilla: no se puede consentir el propio maltrato, y nadie debería firmar la renuncia a ser quien es.
El objetivo del texto es incorporar esta conducta al artículo 173 del Código Penal, el que protege la integridad moral de las personas. Traducido: situar estas prácticas en el mismo terreno que otros tratos degradantes, y no como una mera anécdota administrativa.
De la multa al delito: el vacío que se quiere cerrar
Conviene recordar que estas prácticas no eran legales antes de la votación. Ya estaban prohibidas y podían sancionarse por la vía administrativa, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, calificadas como infracción muy grave en la conocida como ley trans. El problema es que una multa, por alta que sea, no figura en el Código Penal ni tiene el peso simbólico y disuasorio de una condena penal.
La reforma busca precisamente cerrar ese hueco: pasar de la sanción económica al reproche penal. No es lo mismo arriesgarse a una multa que arriesgarse a la cárcel y a un antecedente. Para las víctimas, además, supone reconocer que lo que vivieron no fue una «terapia» fallida, sino una agresión a su dignidad.
Una mayoría amplia y una foto política reveladora
La votación dejó números que hablan por sí solos: 178 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones, según los datos recogidos por RTVE. Los 32 noes salieron de Vox, que defendió que la propuesta ataca la libertad individual. Las 137 abstenciones fueron del PP, que ni apoyó ni rechazó el texto.
El argumento de los populares no fue de fondo, sino de forma: alegaron indefinición jurídica y anunciaron su intención de «mejorar» la ley durante el trámite en el Senado. Habrá que ver en qué se traduce esa promesa, porque la diferencia entre afinar un texto y vaciarlo de contenido suele jugarse precisamente en esa cámara.
En el otro extremo, varios grupos que votaron a favor se quedaron con ganas de más. Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromís reclamaron una ley más ambiciosa y, sobre todo, medidas concretas de apoyo a las víctimas. Su mensaje es que penalizar está bien, pero que castigar al verdugo no repara de forma automática a quien sufrió el daño.
Lo que viene ahora
El texto llega al Senado sin enmiendas incorporadas, lo que significa que el debate sobre esas mejoras y esos apoyos a las víctimas sigue completamente abierto. Allí se decidirá si la reforma sale reforzada, retocada o enredada en tecnicismos.
Mientras tanto, el mensaje de fondo es difícil de ignorar. Penalizar las «terapias de conversión» no va de imponer a nadie cómo debe vivir, sino justo de lo contrario: de garantizar que ninguna persona sea sometida a un proceso para dejar de ser quien es. En clave de derechos, la frontera está clara: la libertad de las personas LGTBIQ a existir no puede quedar a merced de quienes pretenden «corregirlas». El Congreso ya ha dado su paso; ahora toca vigilar que el Senado no lo desande.