El Congreso está tocando una de esas piezas que parecen aburridas hasta que se entiende lo que hay dentro: dinero, tiempo de palabra, presencia en comisiones y capacidad real para existir políticamente. La reforma del Reglamento para facilitar que partidos minoritarios tengan grupo propio superó este viernes el trámite de ponencia, según Europa Press, con el voto en contra de PP y Vox.
La iniciativa la impulsan ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG. El PSOE apoyó que se tramitara. El calendario que manejan los grupos favorables es llevarla a la Comisión de Reglamento el martes y aprobarla definitivamente en el Pleno del 23 de julio, para que se aplique ya en la próxima legislatura y no en la actual. La propia agenda del Congreso recogía este viernes la ponencia de la Comisión de Reglamento.
El grupo propio no es una medalla: es poder
La pelea se entiende mejor sin jerga. Tener grupo parlamentario propio significa tener voz propia en los debates, asiento en órganos clave como la Junta de Portavoces y la Diputación Permanente, presencia garantizada en comisiones y más recursos económicos y materiales. No es una chapita de reconocimiento sentimental. Es la diferencia entre hablar con micrófono propio o sobrevivir en el Grupo Mixto haciendo cola.
La reforma busca tocar el artículo 23 del Reglamento de 1982. Hoy, para formar grupo, hacen falta 15 escaños o superar cinco diputados junto a determinados porcentajes de voto: un 5% estatal o un 15% en las circunscripciones donde se concurre. La propuesta rebaja esos porcentajes al 3% nacional y al 10% provincial. En castellano de la calle: menos barreras para que partidos territoriales o pequeños no dependan de trucos de última hora.
Adiós al préstamo de diputados, o al menos a su excusa
La escena se ha repetido varias veces: una formación no llega a los requisitos, un partido grande le “presta” diputados durante unos días, se constituye el grupo y luego cada cual vuelve a su sitio. En esta legislatura, ERC y Junts recurrieron a préstamos del PSOE y de Sumar para formar grupo propio. La Mesa lo avaló con la mayoría de PSOE y Sumar, sostenida a su vez por los votos independentistas para controlar el órgano de gobierno de la Cámara.
La derecha lo llama fraude de ley. La izquierda y los socios nacionalistas lo presentan como una forma de que la pluralidad real del país no quede aplastada por una norma pensada para otro mapa político. Las dos cosas explican el choque. PP y Vox no solo votan en contra: defienden mantener los porcentajes actuales y endurecer los mecanismos para evitar cesiones temporales.
La pluralidad también cuesta dinero
El argumento incómodo para los defensores de la reforma es que más grupos propios significan más recursos repartidos. El argumento incómodo para sus detractores es que negar grupo a minorías con representación real puede convertir la Cámara en un embudo donde los grandes partidos administran los turnos de palabra de quienes necesitan para gobernar.
El PP propone además repartir subvenciones, tiempos de intervención y medios con más proporcionalidad según el número de diputados de cada grupo. Vox quiere impedir grupos de partidos que hayan concurrido en una misma coalición y suprimir el margen para cambiar de grupo al inicio de cada periodo de sesiones. La mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa de la Comisión inadmitió otras enmiendas por salirse del objeto de la reforma; una de Vox, dirigida contra formaciones independentistas, fue rechazada por chocar con la doctrina constitucional sobre la ausencia de “democracia militante”.
La cuestión de fondo no es técnica. Es política pura: si el próximo Congreso sale igual de fragmentado que los últimos, las reglas de la Cámara pueden decidir quién tiene altavoz y quién queda condenado a pedir permiso. Y ahí cada partido está votando pensando menos en el reglamento y más en la legislatura que viene.