72 millones para cooperación: solidaridad exterior, pero con la cuenta clara

El Consejo de Ministros ha aprobado 72.365.000 euros en contribuciones voluntarias plurianuales a organismos internacionales. La cifra no compite en ruido con la bronca diaria del Congreso, pero dice mucho sobre el tipo de país que España quiere ser fuera de sus fronteras: uno que participa en UNICEF, PNUD, ONU Mujeres, la OMS, el Programa Mundial de Alimentos o la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos.

Según la referencia del Consejo de Ministros, el paquete incluye 25 contribuciones a organizaciones, programas y fondos internacionales. Infobae/EFE recoge que Exteriores lo vincula a crisis “sostenidas” y cada vez más complejas, y que las aportaciones se canalizan a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La cooperación no es decoración diplomática

Hay una tentación muy española: tratar la ayuda exterior como si fuera dinero lanzado al aire mientras aquí faltan médicos, vivienda o trenes que lleguen a tiempo. La crítica suena fácil porque todos conocemos un problema doméstico que pide presupuesto. Pero el mundo no funciona por compartimentos estancos. Las crisis humanitarias, las migraciones forzadas, la salud global o la seguridad alimentaria acaban llamando a la puerta, aunque algunos prefieran enterarse cuando ya están en la frontera.

Desde una mirada progresista, la cooperación no es caridad con foto. Es una política pública. Y si es política pública debe tener dos patas: ambición y control. Ambición para no convertir a España en un socio que mira hacia otro lado cuando el tablero internacional se incendia. Control para que cada euro tenga destino, evaluación y explicación. Defender la cooperación no obliga a aplaudir con los ojos cerrados.

Quién recibe qué, según el Gobierno

La Moncloa detalla un reparto amplio: 8,13 millones para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 8,11 millones para ONU Mujeres, 6,74 millones para el Fondo de Población de Naciones Unidas, 5,9 millones para la OMS, 4 millones para el Programa Mundial de Alimentos y 4 millones para la Organización Internacional para las Migraciones. También aparecen UNICEF, ACNUR/UNRWA, la FAO, la OCDE, la Unión por el Mediterráneo, la Secretaría General Iberoamericana y otros organismos.

La pregunta política no es solo si esas siglas suenan bien. La pregunta es qué objetivos persigue España con ese dinero: derechos de infancia, salud, igualdad, migraciones, seguridad alimentaria, cooperación iberoamericana, Mediterráneo, Palestina, desarrollo institucional. Si el Gobierno quiere ganar el debate, no basta con publicar una lista. Tiene que contar resultados. Qué se financió, dónde, con qué indicadores y qué se aprendió cuando algo no funcionó.

El flanco vulnerable: explicar antes de que otros simplifiquen

La derecha tiene aquí un carril cómodo: “tus impuestos se van fuera”. Y si el Gobierno no explica, ese carril se convierte en autopista. La respuesta no puede ser llamar insolidario a cualquiera que pregunte. Preguntar por el uso del dinero público es sano. Lo que no es sano es fingir que España puede desentenderse de crisis globales y salir gratis.

La cooperación bien hecha reduce daños, construye alianzas y evita que la política exterior sea solo comercio, frontera y foto de cumbre. Pero la cooperación mal comunicada parece un apunte contable escondido en una referencia del Consejo de Ministros. Ahí hay una lección para el Ejecutivo: si se gastan 72,365 millones en nombre de España, España merece entender para qué. Sin propaganda de ONG de folleto. Sin cinismo de barra de bar. Con datos.