El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dicho sí. No con aclamación, no con abrazo de Estado: con el respaldo de Cataluña y Canarias, el rechazo de casi todo el mapa y la aritmética habitual del organismo, donde Hacienda pesa la mitad de los votos. El resultado, sin embargo, es político de verdad: por primera vez en 17 años hay un nuevo modelo de financiación autonómica aprobado en el CPFF.

La cifra que el Gobierno pone encima de la mesa no es decorativa. Hacienda cifra en 20.975 millones de euros el incremento de recursos para las comunidades de régimen común. El ministro Arcadi España lo ha llamado “histórico” y ha recordado lo evidente: el sistema actual lleva doce años caducado y todas las autonomías pedían reformarlo. Traducción casera: más margen para sanidad, escuela, dependencia, servicios sociales y vivienda. No es magia. Es capacidad de pagar lo que ya se está rompiendo en las colas y en las listas de espera.

Sí, el armazón del pacto viene del acuerdo PSC-ERC que aupó a Salvador Illa. Y sí, Cataluña gana de forma visible: los reportes sitúan el refuerzo para la Generalitat en torno a 4.686 millones al año. Pero de ahí no se deduce automáticamente el cuento de que el resto del país se quede mirando el escaparate. El propio ministerio sostiene que el modelo es común, no un traje a medida, y detalla piezas que cualquier territorio puede leer en clave propia: más peso de población ajustada, respuesta al reto demográfico, cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, más un mecanismo de nivelación para que todas las comunidades se acerquen a un mínimo de recursos por habitante ajustado.

Hay otro dato que conviene no esconder bajo la alfombra del ruido. Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, también han votado en contra. Asturias habla de lealtad territorial y de un cálculo que, a su juicio, no recoge del todo el coste real de los servicios ni el envejecimiento. Eso no invalida la reforma: avisa de que el federalismo fiscal español sigue siendo un puzzle incompleto. La izquierda seria no debería fingir unanimidad donde no la hay; debería pelear para que el trámite posterior incorpore mejoras sin tirar por la borda 21.000 millones de capacidad pública.

Madrid dejó la silla vacía. Ayuso llamó al boicot y el resto del PP no la siguió: acudieron, votaron no y se quedaron dentro de la foto del desacuerdo. Es una diferencia importante. Una cosa es oponerse al diseño; otra es intentar tumbar el quórum para que no se vote. El Gobierno ha hablado de “gamberrismo institucional”. La etiqueta es dura, pero el gesto madrileño alimenta exactamente esa lectura: cuando no te gustan las reglas del Consejo, intentas que no haya Consejo.

Queda lo más difícil. El CPFF no cierra el BOE. Falta Consejo de Ministros, proyecto de ley y una mayoría en el Congreso donde Junts, ERC, Podemos y el resto de la geometría variable van a cobrar peaje. La reforma, además, se presenta como voluntaria para los territorios que pacten con Hacienda, y el Gobierno apunta a 1 de enero de 2027 como horizonte de entrada en vigor. Habrá fondo adicional para “lagunas” —insularidad, presión turística, masa forestal— y una garantía de statu quo: nadie debería salir con menos que antes.

La derecha venderá chantaje. Parte de la izquierda territorial marcará disenso. Mientras tanto, el sistema de 2009 sigue siendo un traje corto para un país más viejo, más desigual en vivienda y más tensionado en sanidad. Si el Congreso convierte este primer sí en ley usable, la pregunta dejará de ser “¿quién se abraza con quién?” y pasará a ser otra, más adulta: ¿cuántos servicios públicos se sostienen de verdad con el dinero nuevo?

Fuentes y contexto