La sentencia contra David Sánchez Pérez-Castejón entra en la política como entran las cosas que nadie quiere administrar: de golpe, con ruido y con todos mirando al mismo sitio. La Audiencia Provincial de Badajoz le ha impuesto nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. También ha condenado a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y antiguo líder del PSOE extremeño.
Conviene empezar por lo básico, porque este caso es gasolina pura para el exceso. La sentencia no es firme, puede recurrirse y no implica cárcel para David Sánchez. La pena conocida es de inhabilitación. Tampoco consta que el fallo haya probado todos los delitos que se habían puesto sobre la mesa: el tráfico de influencias queda fuera de la condena difundida por los medios que han accedido a la resolución. Dicho eso, políticamente el golpe es enorme.
El problema ya no es solo judicial
El punto incómodo para el Gobierno no está únicamente en el Código Penal. Está en la imagen de un presidente que ve a su hermano condenado en primera instancia por un asunto de empleo público. La oposición no necesita adornar mucho el marco: el PP ya lo ha presentado como un hecho que “haría caer a cualquier Gobierno” y ha reclamado elecciones. Es la frase gruesa esperable, sí, pero nace de un dato real: hay una condena de una Audiencia Provincial, no un rumor de tertulia.
El Gobierno y su entorno han elegido el marco contrario. Óscar Puente habló de instituciones “tensadas” para “derribar a un Gobierno”. Es una defensa política legítima, pero tiene un riesgo evidente: cuando hay sentencia, aunque no sea firme, el argumento del lawfare exige mucha precisión. Si se usa como manta para taparlo todo, termina sonando a que cualquier resolución adversa es sospechosa por definición.
La frase que nadie quiere pronunciar
La cuestión de fondo es sencilla y brutal: en España la confianza institucional está tan rota que cada bando lee la justicia como arma del otro. Para la derecha, cada resolución judicial contra el entorno socialista confirma un sistema de favores. Para la izquierda gubernamental, cada caso se convierte en una pieza más de una ofensiva para sacar del poder lo que no se ganó en las urnas.
El problema es que las dos lecturas pueden movilizar a los convencidos, pero no arreglan lo principal. Si una plaza pública fue creada o adjudicada de forma arbitraria, eso debe tener consecuencias. Si la sentencia tiene errores, deberá corregirse en recurso. Lo que no sirve es pedir a los ciudadanos que elijan entre fe ciega en los tribunales o fe ciega en el partido.
Una bomba en mitad de la legislatura
La condena llega además en un momento de debilidad parlamentaria del Ejecutivo, con los Presupuestos pendientes de alianzas muy frágiles y la oposición buscando cada grieta para forzar el relato de final de ciclo. No tumba por sí sola al Gobierno. Pero sí añade otra piedra a una mochila que ya venía cargada.
La Moncloa puede resistir jurídicamente mientras la sentencia no sea firme. Puede resistir parlamentariamente si sus socios no se mueven. Lo difícil será resistir el desgaste social de una pregunta sencilla: cuántas explicaciones caben antes de que parezcan excusas.