La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, según informó EFE. En la misma resolución, el tribunal condena al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa relacionados con la contratación y el puesto de David Sánchez. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Ese matiz importa. En un Estado de derecho, una condena recurrible no debe convertirse en linchamiento ni en sentencia política definitiva. Pero tampoco puede esconderse debajo de la alfombra con el argumento automático de la “cacería”. Cuando el hermano del presidente recibe una condena de esta gravedad por un asunto vinculado a una administración gobernada por socialistas, el Gobierno tiene un problema político real, aunque el recurso esté pendiente.
La defensa del “todo es persecución” ya no basta
EFE recoge que el tribunal considera probado que el cambio de nomenclatura del puesto supuso una transformación sustancial y que se suprimió la incompatibilidad con el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez. Infobae, citando la sentencia, señala que el puesto fue descrito como carente de contenido real y orientado a intereses particulares. Son afirmaciones judiciales fuertes. Y precisamente por eso hay que contarlas con cuidado: no autorizan a llamar delincuente a todo un partido, ni prueban por sí solas una trama nacional, ni convierten al presidente en condenado. Pero sí obligan al PSOE a algo más serio que repetir consignas.
El Gobierno ha respondido subrayando que la Fiscalía pidió la absolución, que no hubo acusación particular y que el procedimiento nació de una denuncia de Manos Limpias. Son datos relevantes y deben figurar en cualquier relato honesto. También es relevante que el tribunal absuelva del delito de tráfico de influencias, algo que rebaja las lecturas más maximalistas. Pero el punto central sigue ahí: hay una condena por prevaricación administrativa y afecta a un caso con una carga simbólica enorme.
La oposición encuentra munición; el país necesita explicaciones
El PP ha pedido responsabilidades políticas y Vox ha usado el fallo para alimentar su relato de corrupción sistémica del PSOE. Era previsible. La derecha tiene ahora una pieza perfecta para su campaña: familia del presidente, empleo público, diputación socialista y sentencia condenatoria. Si el PSOE cree que puede neutralizar eso solo acusando a jueces, prensa y oposición, está regalando terreno.
La exigencia razonable no es una hoguera. Es transparencia. Que se explique qué controles fallaron, qué responsabilidades administrativas se revisan y por qué una administración pública acabó en una condena de este calibre. El empleo público no es una finca familiar ni una zona gris para recolocar nombres conocidos. Y cuando la sospecha toca al entorno del presidente, el listón debe subir, no bajar.
La sentencia será recurrida y puede cambiar. Hasta entonces, conviene no vender certezas que aún no existen. Pero políticamente el golpe ya ha ocurrido. En una legislatura donde el Gobierno depende de mayorías frágiles, donde el Congreso acaba de tumbar pasos clave para los Presupuestos y donde cada caso judicial se convierte en arma arrojadiza, la condena a David Sánchez deja al Ejecutivo sin el refugio cómodo de “no hay nada”. Hay algo: una sentencia, un recurso pendiente y una obligación democrática de dar explicaciones sin teatro.