Hay formas de regular los lobbies. Y hay formas de pelearte a la vez con la patronal, con los sindicatos, con Junts y con media oposición… mientras Bruselas mira el reloj de los fondos. El Gobierno ha elegido la segunda.
El real decreto-ley de transparencia de grupos de interés llega al Congreso con cara de reforma europea y cuerpo de cortocircuito interno. La convalidación —señalada por la prensa económica para el miércoles de esta secuencia parlamentaria— ya no es un trámite técnico: es un examen de si Moncloa todavía sabe coser mayorías cuando el BOE no basta.
Cuando UGT y CCOO piden tumbar “tu” decreto
El detalle que duele en Ferraz no es solo el enfado de la CEOE. Es que UGT y CCOO, socios habituales del diálogo social con este Ejecutivo, hayan firmado un comunicado conjunto pidiendo que el decreto no se convalide.
Su argumento, recogido por ABC y elDiario.es, va al hueso institucional: equiparar a los sindicatos con consultoras y grupos de presión “vulnera el papel constitucional” de las organizaciones sindicales. Lo llaman despropósito de contenido y de procedimiento. Traducción llana: no somos un despacho de influencia con NIF de moda; somos agentes sociales reconocidos en la Constitución y en la Ley de Libertad Sindical.
Los servicios jurídicos de la patronal ya habían llegado a una conclusión parecida: el texto les empuja al registro público de lobbies, con deberes de transparencia y riesgo sancionador. CEOE avanzó que no se daría de alta mientras la norma no se convalidara, aunque eso supusiera tensar —incluso suspender temporalmente— la interlocución con la Administración. El mensaje de Garamendi llevaba días en los titulares: congelar la relación con el Gobierno por tratar a la patronal como un lobby más.
Los sindicatos aprovechan para recordar otra cosa que el Ejecutivo prefiere no enmarcar: sigue pendiente una ley seria de participación institucional y de diálogo social. Es decir, reconocer el papel de los agentes sociales sin meterlos en el mismo cajón que quien factura por abrir puertas.
Junts, pymes y el miedo a la burocracia
Junts se dispone a votar en contra, según el recuento de La Vanguardia. No es solo táctica de ida y vuelta con Moncloa. Hay un relato económico que Foment y otros actores catalanes han puesto sobre la mesa: la norma puede convertir en laberinto lo que para una gran consultora es rutina, y para una asociación sectorial pequeña es una barrera de entrada a hablar con el Estado.
La demanda independentista liberal-pragmática es reconocible: distinguid al lobista profesional del contacto legítimo de una pyme o de un gremio modesto. Si todo el mundo es lobby, el registro deja de ser transparencia y pasa a ser peaje.
En el PP la posición final aún no está clavada en acta, pero el peso de la balanza —otra vez según la información publicada— se inclina al rechazo. El Gobierno, para endulzar, metió enmiendas que suenan a manual popular: que el registro lo gestione el Consejo de Transparencia (no la Oficina de Conflictos de Intereses del ministerio) y que haya interoperabilidad con registros autonómicos. Puede ser buena técnica administrativa. No parece suficiente pegamento político.
Los millones de Bruselas, sin magia
Aquí llega el argumento con el que el Gobierno intenta cerrar filas: los fondos europeos. La Vanguardia cifra entre 800 y 1.500 millones el posible perjuicio si la reforma no entra en la solicitud del séptimo tramo del Plan de Recuperación (en torno a 26.000 millones). El plazo de reformas pactadas se situó el 31 de agosto; Economía quiere mandar documentación a Bruselas a finales de mes.
Conviene no convertir la estimación en sentencia ya firmada. No es que la Comisión haya ejecutado un recorte de 1.500 millones esta mañana. Es que la metodología de hitos y objetivos permite penalizar incumplimientos, y el Gobierno ha vendido esta norma como pieza del puzle. Bruselas, de hecho, lleva años recomendando un registro obligatorio de lobbies en el Informe sobre el Estado de Derecho. Recomendar no es lo mismo que embargar, pero en la política española del Next Generation la frontera se diluye en cada rueda de prensa.
Hasta la asociación de profesionales del lobby (APRI) se queja… de lo contrario: de que España lleve seis años de debate sin norma y de que ahora el arco parlamentario sea incapaz de aprobar algo que, dicen, incorpora huella de enmiendas de medio hemiciclo. Transparencia sí; este decreto, ya se verá.
El fallo de método
La derecha no necesita inventar un complot. Le basta el método: legislar por decreto-ley a última hora para cuadrar un hito europeo, sin coser antes el diálogo social, y descubrir el viernes que quienes suelen firmar fotos de concertación piden al Congreso que tumbe el texto.
Regular la influencia opaca es legítimo y, en abstracto, sano. Meter a sindicatos y patronal en la misma bandeja que el intermediario de despacho, sin un estatuto claro de agentes sociales, es una forma barata de ganar un titular de “transparencia total” y cara de pagar un martes de soledad parlamentaria.
Si el miércoles no hay votos, el problema no será solo jurídico. Será de gobierno: porque cuando te plantan a la vez la CEOE, UGT, CCOO y Junts, ya no estás regulando lobbies. Estás demostrando que el BOE no sustituye a los apoyos.