El Gobierno vuelve a poner la vivienda en el centro del tablero, y esta vez no con una promesa abstracta, sino con una pieza muy concreta: una prórroga de hasta dos años para contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028. PSOE y Sumar han cerrado el acuerdo dentro del Ejecutivo y la medida irá en el decreto que pretende regular también los alquileres de temporada y por habitaciones.
La traducción para quien vive pendiente del casero es sencilla: si el texto sale adelante y cumple las condiciones anunciadas, una parte de los inquilinos podría pedir más tiempo antes de que el contrato se le caiga encima. Según EFE, Sumar habla de una “prórroga reforzada” que deberán solicitar los inquilinos. RTVE recoge que, con las últimas prórrogas del Ejecutivo, el Gobierno calcula un alcance potencial de casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.
El alquiler temporal, el agujero por el que se escapa la ley
El decreto no va solo de alargar contratos. También busca meter mano al alquiler de temporada y por habitaciones cuando se usa como atajo para esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir: contratos más débiles, más rotación y menos estabilidad para quien necesita una casa para vivir, no una experiencia turística de tres meses.
Ahí está la batalla de fondo. La vivienda se ha convertido en una máquina de ansiedad: familias que no saben si podrán seguir en su barrio, jóvenes encadenados a habitaciones imposibles, propietarios pequeños con miedo a cargar solos con los problemas sociales y plataformas turísticas que han cambiado calles enteras sin pedir permiso a nadie. El decreto intenta ordenar ese caos, pero nace ya con todos los vetos sobre la mesa.
Un texto pensado para proteger, pero obligado a negociar
El paquete incluye elevar la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA, según RTVE y EFE, y endurecer sanciones sobre su publicidad en plataformas. También incorpora medidas para familias vulnerables y para evitar desahucios sin alternativa habitacional, un punto que Podemos reclama con fuerza y que Junts y PNV miran con mucha más prevención.
El problema político es el de siempre: el Gobierno puede pactar consigo mismo, pero no puede convalidarse solo en el Congreso. Junts ya tumbó una prórroga anterior junto a PP y Vox, con la abstención del PNV. Ahora vuelve a avisar de que no apoyará el decreto si no incorpora sus propuestas, entre ellas desgravaciones para inquilinos y pequeños propietarios. El PNV, por su parte, pide que el alquiler turístico tribute al 10% como actividad económica y exige tocar la ley de suelo.
La pregunta incómoda: quién paga la protección
Desde una lectura social, la prórroga tiene una virtud evidente: compra tiempo a quien no puede comprar una casa ni competir con rentas disparadas. Pero sería ingenuo venderla como solución total. Si no aumenta la vivienda asequible, si la inspección no llega a los contratos tramposos y si las ayudas se diseñan tarde o mal, la prórroga puede convertirse en un parche más sobre una herida abierta.
La derecha lo presentará como intervencionismo y los socios territoriales exigirán garantías para no cargar el coste sobre competencias autonómicas o pequeños propietarios. La izquierda, en cambio, tiene una oportunidad clara: demostrar que proteger al inquilino no consiste solo en escribir una frase bonita en el BOE, sino en construir una regla que se pueda aplicar, vigilar y sostener.
Por ahora, el dato importante es este: hay acuerdo PSOE-Sumar, hay decreto previsto para el Consejo de Ministros del 28 de julio y hay una mayoría parlamentaria todavía por sudar. La vivienda vuelve al Congreso con una pregunta muy poco académica: si el alquiler es la principal preocupación de millones de personas, ¿quién se atreve a tumbar otra vez el salvavidas sin ofrecer uno mejor?