El Congreso vuelve la semana que viene a una de esas discusiones que parecen jurídicas hasta que uno mira lo que hay debajo: quién puede insultar a la Corona, qué pasa con las ofensas religiosas, dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el castigo penal. PP y Vox han presentado enmiendas de totalidad para intentar frenar la reforma con la que PSOE y Sumar quieren sacar del Código Penal varios de los llamados delitos de opinión.

La noticia no es menor. Según Europa Press, la Mesa de la Comisión de Justicia calificó este viernes las enmiendas de PP y Vox para que puedan debatirse en el Pleno extraordinario del martes. La iniciativa que se intenta desbloquear fue una de las primeras proposiciones de ley de Sumar en esta legislatura y llevaba más de dos años metida en el cajón.

La pelea real: cárcel simbólica o democracia adulta

La reforma pretende suprimir tipos como las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. El acuerdo entre PSOE y Sumar no incluye, según la información disponible, eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo: ese punto ya cuenta con el rechazo socialista. Conviene decirlo porque en esta materia es muy fácil meterlo todo en la misma batidora y salir con el titular más inflamable.

Desde una lectura progresista, el problema es bastante claro: una democracia madura no debería necesitar proteger instituciones, credos o banderas con el Código Penal cada vez que alguien cruza una línea de mal gusto. Otra cosa son las amenazas, el acoso, la incitación a la violencia o los discursos que atacan derechos de terceros. Pero confundir la crítica dura, la sátira o la irreverencia con un asunto penal convierte al Estado en un profesor ofendido repartiendo partes disciplinarios.

PP y Vox sostienen lo contrario: que despenalizar estas conductas rebaja la protección de símbolos e instituciones comunes. Vox, además, aprovecha su texto alternativo para endurecer el castigo a las ofensas a símbolos nacionales, con propuestas como sanciones vinculadas a autoridades que no coloquen la bandera española, pérdida de subvenciones a partidos y retirada de nacionalidad como pena accesoria para nacionalizados que cometan estos delitos, siempre según Europa Press.

El Gobierno también mueve ficha con el honor

El contexto importa. El Consejo de Ministros del 7 de julio aprobó el proyecto de nueva Ley Orgánica del Derecho al Honor, presentado por La Moncloa como una actualización de protección de derechos, incluido un capítulo sobre inteligencia artificial. Es decir: el debate no va de dejar a nadie indefenso, sino de separar mejor qué debe resolverse con garantías civiles y qué merece de verdad entrar en el terreno penal.

La votación del martes no cerrará la reforma. Si caen las enmiendas de totalidad, vendrán las parciales, la ponencia, la Comisión de Justicia y, al ser una reforma del Código Penal por ley orgánica, la mayoría absoluta en el Pleno. Lo importante ahora es el marco: la derecha quiere presentar la despenalización como barra libre para atacar España; la izquierda quiere venderla como limpieza democrática. La verdad incómoda es que habrá que hilar fino. Ni todo exabrupto merece un juzgado, ni toda provocación es automáticamente valentía cívica.

La línea editorial aquí es sencilla: menos Código Penal para proteger sentimientos institucionales y más precisión para perseguir daños reales. Si una Corona, una bandera o una confesión religiosa solo sobreviven con amenaza penal, quizá el problema no esté en el tuitero de turno, sino en la fragilidad con la que se entiende la autoridad.

Fuentes y contexto