Yolanda Díaz lo dijo sin anestesia en el Congreso: despedir en España es “muy barato” y la indemnización media ronda los 8.000 euros —unos 12.000 en Euskadi—. Preguntada por EH Bildu sobre si el Gobierno tocará el sistema, la respuesta fue un monosílabo político: “sí”. Para un autónomo con dos trabajadores, ese “sí” no es un titular de Derechos Sociales. Es una línea más en la cuenta de resultados.
La ministra enmarca la reforma en las críticas del Comité Europeo de Derechos Sociales y en una resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa (junio) que empuja a España a garantizar indemnizaciones por despido improcedente “suficientemente disuasorias”. Europa no ha escrito el BOE español, pero ha puesto el altavoz. Trabajo ya tiene mesa de diálogo social abierta sobre el asunto.
Lo que hay hoy (y lo que se quiere mover)
Desde 2012, el despido improcedente general se calcula con 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades (antes, el régimen de 45 días era otra época). El empresario puede, en muchos casos, hacer números antes de decidir. Ese carácter tasado —salario × antigüedad— es justo lo que sindicatos y Trabajo quieren revisar: más peso a circunstancias del trabajador, más margen judicial, y no descartar readmisión cuando la causa no se sostiene.
Díaz descarta, al menos de boca, volver simplemente a los 45 días como fetiche. Habla de un sistema que mire el perjuicio real. Suena bien en un mitin. En un taller de 6 personas, suena a incertidumbre de coste: si la factura deja de ser previsible, el pequeño empleador no “disuade el abuso”; a menudo disuade la contratación.
Autónomos y pymes: el eslabón que no es Ibex
El debate público habla de “empresas” como si todas tuvieran departamento jurídico. La mayoría de despidos en el tejido real los firman autónomos y micropymes. Subir el coste medio —sin cifra nueva todavía— puede proteger a quien hoy sale barato de la nómina. También puede convertir cada mala temporada en un riesgo existencial para quien no tiene colchón. Negarlo es ideología de despacho.
Nadie serio defiende el despido libre y gratuito. El Estatuto ya pone precio. La pregunta es si el siguiente escalón europeo se traduce en un diseño que distinga al gran grupo del comercio de barrio, o en un empujón uniforme que los sindicatos celebrarán y la CEOE combatirá mientras el autónomo mira el Excel y retrasa el segundo contrato.
Regla de oro: disuadir el abuso, no asfixiar el empleo frágil
Si el Gobierno quiere cumplir con Europa, que publique escenarios: tramos, topes, excepciones para microempresas, coste medio esperado. Mientras solo haya el “sí” de Díaz y la media de 8.000 euros como arma retórica, el mensaje al que crea empleo precario de verdad es otro: el Estado endurece la salida sin aclarar la entrada.
La Carta Social Europea no absuelve a quien despide en fraude. Tampoco convierte cada reforma en progreso automático. En un país de autónomos y pymes, la indemnización disuasoria mal calibrada no es justicia laboral: es un impuesto opaco a arriesgarse a contratar.