Hay una idea que recorre la política española como si fuera una novedad: que un problema desaparece en cuanto se publica en el Boletín Oficial del Estado. La vivienda es el último ejemplo. Y, con perdón, una casa no se decreta.
El Gobierno ha diseñado un Plan Estatal de Vivienda con clara vocación de mando único. Andalucía ya lo ha recurrido. Según ABC, lo hace por invasión de competencias y por imponer un modelo único de gestión. Traducido al castellano de andar por casa: Madrid decide, las comunidades obedecen. Y la vivienda, que es competencia autonómica, pasa a manejarse desde un despacho central.
Centralizar no es construir
Conviene decirlo claro. Que la vivienda esté cara y escasa es un problema real, de los gordos. Pero recentralizar la gestión no levanta ni un solo edificio. Cambia quién manda, no cuántas casas hay. Y ahí está el primer truco del plan: confunde control con solución.
El recurso andaluz no va de banderitas. Va de seguridad jurídica. Cuando un Gobierno decide saltarse el reparto de competencias, lanza un mensaje a quien invierte, a quien promueve y a quien construye: aquí las reglas cambian según quién gobierne. Y nada espanta más al ladrillo que la incertidumbre.
900.000 viviendas y un golpe de consigna
La parte más llamativa la recoge La Moncloa. La ministra Isabel Rodríguez quiere reorientar 900.000 viviendas que hoy sirven al turismo o a la inversión hacia uso residencial. La cifra impresiona. La pregunta incómoda es cómo.
Porque esas viviendas no están donde están por capricho. Son propiedad de alguien. Alguien que compró, que invirtió, que alquila a turistas porque la ley se lo permite. Reorientar 900.000 viviendas queda muy bien en un titular. En la práctica significa decirle a cientos de miles de propietarios qué deben hacer con lo suyo.
Y aquí va una advertencia, marcada como tal y como opinión: si esa reorientación se hiciera por la vía de la imposición, sin acuerdo ni compensación, empezaríamos a rozar terrenos que en cualquier país serio reciben otro nombre. No lo afirmo como hecho. Lo dejo como aviso. Porque la frontera entre incentivar y obligar es muy fina, y este Gobierno la pisa con demasiada alegría.
El déficit que nadie discute
El problema de fondo existe y es enorme. El Español cita al Banco de España: faltan 750.000 viviendas. Esa es la cifra que de verdad importa. No cuántas casas reasignamos sobre el papel, sino cuántas faltan en la calle.
Y un déficit de 750.000 viviendas no se cubre moviendo fichas. Se cubre construyendo. Con suelo, con licencias ágiles, con seguridad jurídica para quien arriesga su dinero. Justo lo contrario de lo que transmite un plan que asusta al inversor y concentra la decisión arriba.
Es la vieja paradoja intervencionista. Se diagnostica bien la enfermedad y se receta el veneno. Falta oferta, y la respuesta es más control sobre la oferta que ya existe.
Los espejos de fuera
No es casualidad. Libertad Digital ha publicado una lectura crítica sobre los referentes internacionales de intervención en vivienda que el Gobierno parece haber asumido. Modelos importados de fuera, como si aquí no tuviéramos ojos para ver cómo han funcionado.
La experiencia comparada es tozuda. Donde se interviene el precio y se castiga al arrendador, el resultado suele ser parecido: menos oferta, más mercado opaco y colas cada vez más largas. El intervencionismo en vivienda es de esas políticas que se venden con compasión y se acaban pagando con escasez. Es, al menos, una lectura que merece estar sobre la mesa antes de copiar nada.
Quién paga la factura
Al final, todo esto va de quién paga. Y la respuesta, como casi siempre, es el ciudadano de a pie. El joven que no encuentra piso. La familia que ve subir el alquiler. El pequeño propietario que ahorró una vida para comprar un segundo inmueble y ahora descubre que el Estado tiene planes para él.
El Gobierno presenta su iniciativa como un gesto a favor de los que no llegan. Es legítimo dudar de que funcione. Cuando la receta es más BOE, más mando central y más sospecha hacia quien invierte, el que no llega seguirá sin llegar. Eso sí, con más burocracia de por medio.
La vivienda no se arregla con consignas. Se arregla con casas. Y las casas, por mucho que duela en algunos despachos, no salen del Boletín Oficial del Estado. Salen de un país donde construir merece la pena. Y ese país no se decreta: se permite.