La frase es corta y entra como un martillo en una causa que lleva meses convertida en espectáculo político: “Sin delito no hay autor”. La Fiscalía ha pedido la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y también de Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, en su escrito de conclusiones para el juicio, según han publicado Público y elDiario.es.

Conviene decirlo con cuidado, porque aquí cada palabra acaba en una trinchera. Que la Fiscalía pida absolución no equivale a una sentencia. No borra el procedimiento ni impide que las acusaciones sostengan otra tesis. Pero sí fija una posición muy relevante: el Ministerio Fiscal entiende que los hechos narrados no son constitutivos de delito.

Qué sostiene el fiscal

Según Público, el fiscal José Manuel San Baldomero afirma que ninguno de los investigados se benefició económicamente de las actividades vinculadas al software informático ni consta perjuicio patrimonial para la Universidad Complutense de Madrid. También recoge que no consta explotación mercantil del programa ni pretensión de apropiarse de su titularidad frente a terceros.

elDiario.es añade otro dato sensible: Gómez habría cobrado alrededor de 40.000 euros por su participación en el máster durante una década y “ni un solo euro” por la cátedra. En el relato del fiscal, Barrabés colaboró en el máster con contraprestaciones regladas por hora de docencia, pero no aparece como patrocinador ni financiador de la cátedra investigada.

La política ya había dictado sentencia

El caso llega cargado de gasolina. El juez Juan Carlos Peinado envió a Gómez a juicio con jurado por delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. También acordó medidas cautelares como retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas, decisiones que la Fiscalía ya había recurrido por considerarlas desproporcionadas.

La derecha ha usado el caso como prueba de deterioro institucional alrededor de La Moncloa. La izquierda lo presenta como ejemplo de causa inflada con más ruido que pruebas. La petición de absolución del fiscal refuerza claramente este segundo marco, pero no debería servir para hacer trampas: el juicio, si sigue adelante, lo decidirá el tribunal, no un editorial ni un mitin.

Lo que queda en juego

El punto político de fondo es incómodo. Si al final no hay delito, habrá que explicar cómo una causa así llegó tan lejos y con tanto coste público, personal e institucional. Y si el tribunal aprecia responsabilidad, habrá que asumirla sin esconderse detrás de la palabra “lawfare” como si fuera un extintor mágico.

Hoy la noticia es que la Fiscalía no ve delito. Eso no absuelve jurídicamente a nadie todavía, pero sí pincha el globo de quienes llevan meses vendiendo una condena por adelantado. En democracia, investigar es necesario. Convertir la investigación en sentencia televisada, no.

Fuentes y contexto